Uber, DiDi y otras plataformas de transporte enfrentan un nuevo desafío en Colombia, gracias a un proyecto de ley que se presentó en el Congreso de la República que busca regular su operación en el país.
El proyecto de Ley, que aún está en discusión, pretende establecer un marco legal claro para el funcionamiento de estas plataformas, que han operado en un área gris desde su llegada al país. La iniciativa busca definir las condiciones bajo las cuales estas empresas pueden operar, así como las obligaciones de los conductores y las sanciones para quienes no cumplan con la normativa.
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Sin embargo, hasta no conocerse una respuesta sobre la operación de estas plataformas, los propietarios de vehículos particulares que prestan un servicio de transporte no regulado podría seguir pagando una millonada, sin son sorprendidos por las autoridades competentes.
De acuerdo con Citynoticias, solo en Bogotá más de 4.800.000 usuarios han utilizado ese tipo de transporte y más de 300.000 conductores han prestado al menos un servicio mediante plataformas en la ciudad.
Por lo que, si un conductor es sorprendido por la seccional de tránsito prestando un servicio de transporte por aplicación, será sancionado con la infracción D12. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), esta falta se aplica cuando un vehículo particular es destinado a servicios diferentes al señalado en la licencia de tránsito.
Es decir, que dicha infracción es sancionada con multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), que para 2024 es de $1.300.000, de acuerdo con las tarifas establecidas por el Ministerio de Transporte.
Además, el vehículo será inmovilizado dependiendo de las veces que haya incumplido la norma:
- Por primera vez: 5 días.
- Por segunda vez: 20 días.
- Por tercera vez: 40 días.
Regulación de las plataformas en Bogotá
El debate sobre la regulación de las plataformas de transporte no es nuevo en Colombia. Desde su llegada, aplicaciones como Uber y DiDi han generado controversia, enfrentándose a la oposición de los taxistas tradicionales y a la falta de una regulación específica que contemple su modelo de negocio. La ausencia de un marco legal ha llevado a situaciones de incertidumbre tanto para los conductores como para los usuarios.
El proyecto de ley también aborda la necesidad de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la seguridad de los pasajeros. Se espera que la regulación incluya requisitos para los conductores, como licencias especiales y seguros, así como medidas para asegurar la calidad del servicio.
La discusión en el Congreso refleja un esfuerzo por equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los intereses de los actores tradicionales del sector. Mientras tanto, los usuarios de estas plataformas deben estar atentos a los cambios que podrían afectar su uso diario de estos servicios.
Este proyecto de ley, presentado por congresistas como María del Mar Pizarro del Pacto Histórico y Alfredo Deluque del Partido de la U, se articula en torno a ocho elementos clave. Uno de ellos es el compromiso del Estado de no interferir en el uso de estas tecnologías, promoviendo su desarrollo y acceso equitativo, siempre que se respeten otros derechos fundamentales.
Asimismo, incluye una perspectiva de género con el fin de reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en este sector. Según el texto, se salvaguarda la “no regresividad” en las medidas relacionadas con este tema.
En palabras de los parlamentarios, otro objetivo del proyecto es establecer con claridad que los vehículos particulares puedan integrar servicios de transporte mediante plataformas, respondiendo así a las necesidades contemporáneas del país. Eso se fundamenta en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2023, que reconoció el derecho humano a beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la movilidad.
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