La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, desarticuló una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico que habría invertido en el sector salud para blanquear recursos ilícitos.
Esta estructura, liderada, presuntamente,0 por Édison Bernardo Rosero, alias Chamón, cabecilla de la organización criminal conocida como Comandos de Frontera (antes ‘La Constru’), utilizaba fondos provenientes del tráfico de clorhidrato de cocaína para establecer Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), adquirir ambulancias y adquirir bienes destinados a aparentar una fachada legal.
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Las maniobras para blanquear millones
Los recursos ilegales eran producto del envío de cocaína desde la zona fronteriza con Ecuador, controlada por los Comandos de Frontera, un grupo armado derivado de las disidencias de las Farc. Según las investigaciones, Chamón adquirió 24 vehículos, incluyendo ambulancias y un automóvil de alta gama, además de una droguería y ocho sociedades comerciales. Estos activos se registraron a nombre de un grupo de personas que, al parecer, se encargaba de mantener la operación funcionando y generar ingresos aparentes.
Las autoridades identificaron que esta red operaba en departamentos como Putumayo, Caldas, Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca, donde los servicios médicos establecidos sirvieron como una estrategia para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Entre los capturados están Edison Bernardo Rosero, Yésica Tatiana Rúales Castillo, Gloria Alicia Arteaga Angulo, Paola Andrea Solarte Rosero, Yuri Nathaly Rosero y Óscar Ortega Hernández. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Aunque ninguno de los implicados aceptó los cargos, el juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario para cuatro de ellos, mientras que otros dos deberán permanecer en detención domiciliaria.
Bienes bajo extinción de dominio
Además del proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio llevó a cabo una investigación sobre el origen de los bienes adquiridos por la red. Como resultado, se identificaron 32 propiedades, incluidas ambulancias, vehículos de alta gama, establecimientos comerciales e IPS, que estaban registradas a nombre de los procesados.
Los bienes, valorados preliminarmente en 6.414 millones de pesos, fueron sometidos a medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo. Estos activos serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su manejo mientras avanza el proceso judicial.
La desarticulación de esta red se enmarca en los esfuerzos de las autoridades por combatir el narcotráfico y las actividades ilícitas relacionadas. El pasado 25 de noviembre, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional destruyeron 13 laboratorios clandestinos en Puerto Asís, Putumayo, utilizados por los Comandos de Frontera para la producción de pasta base de coca. En el operativo, coordinado con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, se incautaron más de 130 galones de pasta base de coca, valorados en 199 millones de pesos.
Los Comandos de Frontera, que operan en la región amazónica entre Colombia, Ecuador y Perú, se han consolidado como una de las principales estructuras criminales tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Además del narcotráfico, esta organización está involucrada en actividades como la extorsión y la minería ilegal, en colaboración con bandas transnacionales como Los Choneros, una megabanda ecuatoriana liderada por alias Fito.
Una investigación realizada por Plan V y Amazon Underworld expuso cómo estas organizaciones criminales aprovechan la falta de presencia estatal en la selva amazónica para establecer sus actividades ilegales que no solo consolidan su poder, sino que también generan un ambiente de violencia e intimidación que impacta profundamente a las comunidades indígenas y campesinas de la región, agravando su situación de vulnerabilidad.
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