En la tarde del viernes 15 de noviembre de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que infiormó la suspensión del paro armado que impuso en la región del río San Juan, departamento del Chocó.
El paro, que mantuvo paralizada la zona durante varios días, será levantado oficialmente a partir de las 6:00 a. m. del sábado 16 de noviembre, según detalló la organización guerrillera en un mensaje difundido a través de redes sociales.
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El grupo insurgente, a través de su Frente de Guerra Occidental, explicó que la medida buscaba reafirmar su control territorial y advertir sobre la presencia de lo que denomina “fuerzas de ocupación”, en alusión a grupos paramilitares y a las fuerzas armadas del Estado.
En el mismo comunicado, el ELN hizo un llamado a los habitantes de la región para que eviten desplazamientos nocturnos en las áreas de alta conflictividad, pues argumentaron que sus unidades mantendrán la “vigilancia y control de los ríos” en esta parte del departamento.
Justificación del paro y crítica al modelo extractivista
En el documento, el Frente de Guerra Occidental argumentó que las condiciones que llevaron a la declaratoria del paro armado responden a lo que calificó como un “terrorismo de Estado” y un modelo económico extractivista.
Según el ELN, los recursos naturales de la región y las tierras ancestrales han sido sometidos a un despojo sistemático en beneficio de intereses privados y proyectos de infraestructura, que, a su juicio, han afectado a las comunidades locales y alteran el equilibrio ambiental en esta parte del país.
Por lo tanto, la organización terrorista mencionó varios proyectos de infraestructura como el canal seco interoceánico, el puerto multipropósito de Tribugá, y el tren interoceánico del Chocó, que según la guerrilla, son ejemplo de “megaproyectos” diseñados para facilitar el saqueo de los recursos naturales en el Pacífico colombiano.
En su comunicado, el ELN responsabilizó al “modelo económico neoliberal” de imponer estas iniciativas, al que calificó como una estrategia de “despojo” y desplazamiento de la población, al tiempo que denunció daños ambientales y sociales que, supuestamente, generan estos proyectos.
Control territorial y advertencia sobre los “narcoparamilitares”
Además de la crítica económica, el Frente de Guerra Occidental del ELN señaló en su declaración que el departamento de Chocó se ha convertido en un punto estratégico para lo que denominan “narcoparamilitarismo”, término con el cual se refieren a grupos armados ilegales supuestamente vinculados al narcotráfico y que, de acuerdo con la guerrilla, contarían con el respaldo de sectores del Estado y de empresas.
Según el ELN, la presencia de estas organizaciones se concentra en zonas específicas del Pacífico, lo que agrava la situación de violencia y desplazamiento de la población local.
La organización guerrillera aseveró que su accionar en el Chocó responde a una estrategia centralizada y coordinada con la dirección nacional del ELN, una afirmación publicada en respuesta a versiones de medios de comunicación que señalan una estructura de mando descentralizada dentro de sus filas, por lo que el grupo subrayó en el comunicado que actúa de manera unificada y que su Sexto Congreso reafirmó esta cohesión interna.
Situación de los habitantes del río San Juan
La comunidad en la subregión del río San Juan ha vivido momentos de tensión e incertidumbre durante los días que duró el paro armado, una situación que afecta a una población históricamente golpeada por la violencia.
Este tipo de acciones, que limitan la movilidad y el acceso a bienes básicos, agravan las condiciones de vida en una de las regiones con mayores índices de pobreza y exclusión del país.
Organizaciones locales han expresado su preocupación por los efectos del conflicto armado en las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan esta área, ya que muchas de ellas dependen de la pesca y de actividades agrícolas que se ven interrumpidas durante los paros y restricciones impuestas por grupos armados.
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