El Gobierno nacional actual presentó un proyecto de resolución para modificar los requisitos del cargo de director de Migración Colombia, lo que abre el camino para el regreso de Fernando García, exfuncionario cercano al presidente Gustavo Petro, de acuerdo con información recopilada por el periódico colombiano El Tiempo.
Fernando García, conocido como un “petrista purasangre” por su larga trayectoria junto al mandatario, renunció al cargo, citando razones personales. Sin embargo, la falta de un título de posgrado acreditado, que exige la actual normativa, podría haber sido una causa subyacente.
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En el documento de resolución, al que tuvo acceso El Tiempo, señala que Migración Colombia propone flexibilizar los criterios para el puesto, permitiendo tres alternativas.
La primera incluye un título profesional y al menos 24 meses de experiencia en el sector. La segunda opción es contar con otro título académico afín a las responsabilidades del cargo, sin requerir experiencia laboral previa. Finalmente, se propone la posibilidad de estar finalizando un posgrado y tener al menos 12 meses de experiencia profesional. Con estas modificaciones, García cumpliría los requisitos necesarios para retomar el cargo, según fuentes internas consultadas por ese medio de comunicación.
García, quien asumió el cargo en septiembre de 2022, ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Petro desde sus días en el movimiento M-19. También desempeñó roles en la administración distrital cuando el presidente fue alcalde de Bogotá.
Sin embargo, durante su gestión en Migración Colombia, fue cuestionado por su manejo de la crisis en el Tapón del Darién, un paso fronterizo donde miles de migrantes buscan ingresar al país.
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La Procuraduría investigó su gestión en este tema debido a presuntas omisiones en el control de la población migrante en la región, y también fue señalado por supuestas irregularidades en un convenio para la expedición de cédulas de extranjería con una empresa mexicana.
Este cambio en los manuales de funciones no es el único bajo el gobierno de Petro. Al menos otras cuatro entidades han realizado modificaciones que han causado controversia en sectores de la oposición, que argumentan que estos ajustes buscan facilitar la llegada de personas cercanas al círculo del presidente a cargos clave.
Un ejemplo ocurrió en el Ministerio de Minas y Energía, donde la ministra Irene Vélez ajustó los requisitos académicos para altos cargos. La nueva normativa permite que profesionales de áreas como antropología, artes liberales, filosofía y teología puedan aspirar a ciertos puestos de dirección, además de las carreras tradicionalmente asociadas al sector, como ingeniería o relaciones internacionales.
Otro caso fue el de la Nueva EPS, que redujo el requerimiento de experiencia para su dirección, pasando de 15 años en un cargo directivo en salud a solo una especialización. Esto generó especulaciones de que el ajuste buscaba el nombramiento de Aldo Cadena, antiguo secretario de salud de Petro en Bogotá. Aunque Cadena asumió el cargo, su tiempo en la entidad fue breve, dejando el puesto tras 56 días.
Asimismo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) realizó cambios en su normativa interna, permitiendo que se nombren personas sin experiencia específica en farmacología o medicina. Esta modificación salió a la luz luego del intento fallido de designar a Germán Velásquez, un filósofo cercano al presidente, en un cargo de responsabilidad en esa entidad.
Las críticas de la oposición señalan que estos cambios no responden a necesidades administrativas, sino a la estrategia de afianzar a personas del entorno de Petro en puestos estratégicos. Según estos sectores, tales decisiones podrían comprometer la independencia de las entidades del Estado.
En respuesta a estos cuestionamientos, Migración Colombia sostuvo que los cambios en sus manuales buscan cumplir con los “objetivos institucionales” y están alineados con el enfoque de Seguridad Humana promovido por el Gobierno.
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