Discriminación de clase y racial: algunas de las denuncias que hay en contra de las firmas de abogados más grandes del país

En el competitivo mundo de las firmas de abogados en Colombia, las jornadas laborales de hasta 14 horas diarias y un ambiente de trabajo hostil son parte de la realidad que enfrentan muchos abogados, según una investigación de La Silla Vacía.

Las denuncias de 36 abogados, que han trabajado en algunas de las firmas más prestigiosas del país, revelan un patrón de abusos laborales que incluye maltrato verbal, sobrecarga de trabajo y discriminación de clase.

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Las firmas mencionadas en las denuncias incluyen a Brigard & Urrutia, Posse Herrera Ruíz, Lloreda Camacho, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y Gómez Pinzón Abogados, todas ubicadas en el norte de Bogotá.

Estas firmas, que son referentes en el sector legal colombiano, han sido señaladas por prácticas laborales que afectan la salud mental de sus empleados y por una cultura de discriminación que influye en las oportunidades de ascenso.

Uno de los aspectos más controvertidos es la cláusula de “dirección, confianza y manejo”, presente en los contratos de trabajo de estas firmas.

Esta cláusula exime a los abogados de la jornada laboral máxima legal de 8 horas diarias y les impide recibir pago por horas extra, justificándose en la necesidad de confidencialidad y manejo de información sensible.

Sin embargo, según La Silla Vacía, esta cláusula se aplica incluso a practicantes y abogados junior, lo que ha generado críticas sobre su legalidad y ética.

El ambiente laboral en estas firmas también se caracteriza por episodios de maltrato verbal y psicológico. Abogados han reportado insultos y humillaciones públicas por parte de sus superiores. En un caso, un ex socio de Brigard & Urrutia fue acusado de agredir físicamente a un practicante, un incidente que el implicado niega, aunque reconoce haber tocado al abogado con el pie durante una reunión.

En particular, se ha señalado que las principales firmas del país, como Posse Herrera Ruiz, Lloreda Camacho, y Brigard & Urrutia, enfrentan acusaciones de discriminación laboral y abuso de poder. Estas denuncias incluyen preguntas durante las entrevistas de trabajo que buscan determinar el origen social de los candidatos, así como prácticas que afectan el rendimiento laboral de aquellos que no se ajustan a ciertos estándares.

Un abogado que ingresó a PPU en 2020 relató que el sistema de aplicación en línea solo ofrecía opciones de universidades privadas de élite, como Los Andes, Javeriana, Externado y Rosario. Aunque el sistema ha cambiado, los aspirantes aún enfrentan preguntas que buscan medir su capacidad para integrarse en círculos sociales privilegiados. Por ejemplo, se les pregunta sobre clubes deportivos o viajes al extranjero, lo que sugiere un interés en su capacidad para atraer clientes de alto perfil.

A pesar de que PPU niega realizar evaluaciones basadas en clase social o capacidad económica, la subrepresentación de egresados de universidades públicas es evidente. Posse Herrera Ruiz ha reconocido esta realidad y afirma estar trabajando para reclutar talentos de diversas regiones y universidades.

Casos de discriminación también han sido reportados por abogados de ascendencia afro, quienes han enfrentado solicitudes inapropiadas relacionadas con su apariencia personal. En Lloreda Camacho, una abogada fue instada a modificar su cabello, una solicitud que, según un abogado de la firma, provenía de órdenes superiores. La firma, sin embargo, sostiene que cualquier actitud discriminatoria genera rechazo y acciones concretas, aunque mantiene un código de presentación que guía a los empleados en su apariencia profesional.

El informe también destaca un ciclo de abuso laboral en el que los empleados no son despedidos directamente, sino que se les reduce el trabajo asignado para afectar su rendimiento. Esto lleva a que los abogados se vean obligados a renunciar, incluso cuando están protegidos por leyes laborales. Un ejemplo es el caso de una abogada con epilepsia en Brigard & Urrutia, quien fue despedida por bajo desempeño después de que su jefe dejara de asignarle trabajo debido a su condición médica.

Las firmas también enfrentan críticas por sus mecanismos de denuncia, que a menudo son ineficaces. En Lloreda Camacho, un abogado presentó una queja formal con evidencia de acoso laboral, pero nunca recibió respuesta, y el denunciado fue ascendido a socio.

Estas prácticas han llevado a que muchos abogados opten por no denunciar, temiendo represalias o malas recomendaciones que podrían afectar su futuro profesional en un sector donde las conexiones son cruciales.

Empleados de Jaime Lombana lo defienden

Jaime Lombana, un reconocido abogado penalista recibió el respaldo de 30 de sus exempleados tras la investigación de La Silla Vacía que cuestiona las prácticas laborales en su firma, Lombana Villalba & Abogados. En una carta conjunta, los excolaboradores expresaron su desacuerdo con las acusaciones, destacando que su experiencia en la firma fue positiva y enriquecedora tanto a nivel profesional como personal.

“Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitarles mi derecho de réplica a la nota periodística en mención, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional. Considero de trascendental importancia que exista equilibrio en la información que llega al público, no solo porque es una obligación del ejercicio a libertad de prensa, el que he defendido, defiendo y defenderé, sino que en el caso que nos ocupa, no se da a conocer las vivencias que contradicen las que se expresan en la nota periodística, dejando al lector con una sola parte de la historia”, se lee en la misiva.

La carta, firmada por abogados como Juan Felipe Criollo, Natalia Cifuentes y Luis Felipe Henao, dice que trabajar con Lombana fue una etapa de crecimiento. Henao comentó que Lombana fue una figura clave en su desarrollo profesional. Por su parte, Camilo Enciso, otro excolaborador, reconoció que aunque Lombana tiene un carácter fuerte, siempre mostró lealtad y solidaridad con su equipo.

Además de la carta de los 30 exempleados, Andrés Garzón, otro exmiembro de la firma, envió un testimonio al medio en el que describe a Lombana como un mentor que no solo impartió conocimientos jurídicos, sino que fue un pilar de apoyo