La Corte Suprema de Justicia de Colombia inició una investigación formal contra los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, en relación con el caso de corrupción que involucra el uso indebido de recursos públicos.
Según información de las autoridades, los testimonios y pruebas presentadas sugieren que una suma de cuatro mil millones de pesos habría sido utilizada para financiar campañas políticas de familiares de los implicados.
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El caso se centra en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se alega que los fondos destinados a emergencias fueron desviados. La investigación de la Corte Suprema se enfoca en determinar si estos recursos fueron utilizados para apoyar las campañas de María Clara Name al Concejo de Bogotá y de Gabriel Calle Aguas y Gabriel Calle De Moya, en Córdoba. La acusación sostiene que tres mil millones de pesos habrían sido destinados a Name y mil millones a Calle.
Un elemento clave en la investigación es el testimonio de Olmedo López, quien detalló un encuentro en el Hotel Tequendama, donde se habría discutido el origen de los fondos. López afirmó que en el desayuno, celebrado en la habitación 2312, participaron Sandra Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name, quienes habrían estado al tanto de que los recursos provenían del patrimonio público de la Ungrd.
“Name Vásquez conocía claramente que el origen de los recursos que le serían entregados, es decir, los 3000 millones pactados, tenían su origen en el patrimonio público de la Ungrd, pues así se pactó en el desayuno, donde además del aforado, estuvieron presentes Olmedo López, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz”, dijo la Corte con base en el testimonio de López.
Además, Olmedo López reveló ante la Corte Suprema que durante el encuentro, Sandra Ortiz fue designada como emisaria para entregar la maleta con el soborno, que López había desviado de contratos de la entidad que dirigía. López se describió como el garante de este apoyo económico, señalando que cualquier fallo en la obtención de los fondos sería su responsabilidad. Además, mencionó que la relación entre él, Name y Ortiz se fortaleció rápidamente durante la reunión.
El exsubdirector Pinilla detalló cómo entregó 1.000 millones de pesos al representante Andrés Calle en su apartamento en Montería. Según Pinilla, Calle destinó esta suma a financiar las campañas políticas de su hermano y su padre, como parte de un compromiso por el apoyo de su familia en la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.
Los testimonios de López y Pinilla ante la Corte Suprema han revelado un nivel de detalle desconocido hasta ahora, implicando también al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha tomado decisiones al respecto.
Los implicados en el caso
Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, fueron señalados de recibir sobornos en un escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este caso ha destapado una serie de irregularidades en la gestión de contratos y el desvío de fondos públicos.
El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, enfrenta acusaciones de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Junto a él, Luis Carlos Barreto, exdirectivo de la misma entidad, también ha sido judicializado por su participación en estas actividades ilícitas. La Fiscalía ha recibido la colaboración de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien ha proporcionado información clave sobre otros implicados en el caso.
Este escándalo ha puesto en el centro de la atención pública la gestión de la Ungrd, una entidad encargada de la administración de recursos para la prevención y atención de desastres en el país. Las acusaciones incluyen la celebración indebida de contratos y el desvío de fondos destinados a proyectos de infraestructura y ayuda humanitaria.
La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades continúen desentrañando la red de corrupción que ha afectado a esta importante institución. La implicación de altos funcionarios y contratistas ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, que demanda transparencia y justicia en el manejo de los recursos públicos.
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