
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero nuevamente estaría en problemas con los organismos de control por cuenta de una presunta falta cometida durante su periodo en la administración de la capital de Antioquia.
La Procuraduría General de la Nación, según informó el medio local El Colombiano, abrió un nuevo proceso disciplinario en contra de Quintero por las presuntas faltas en los trabajos de supervisión de sus secretarios.
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El foco de la investigación, de acuerdo con le diario local mencionado, se centra en la falta de control sobre la exsecretaria de Educación, que firmó un contrato presuntamente considerado irregular con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por un monto de 319.000 millones de pesos para el mantenimiento de colegios en la ciudad.
El contrato, identificado como el interadministrativo de mandato No. 4600095806, fue celebrado el 31 de octubre de 2022, tras la aprobación del Acuerdo 059 de 2022 por el Concejo de Medellín.
Este acuerdo autorizó al alcalde a comprometer vigencias futuras por el mismo monto para abordar el deterioro de las infraestructuras educativas.
El objetivo de ese contrato firmado por la Secretaría de Educación era la gerencia integral de proyectos de infraestructura, eso incluía la restitución parcial de establecimientos educativos, la construcción de nuevos espacios en los colegios oficiales, así como el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones existentes.

La investigación surge por denuncias previas sobre el mal manejo de los recursos destinados a la educación en Medellín. Según el documento del ente investigador, Quintero habría “omitido su deber” de supervisar adecuadamente las acciones de la Secretaría de Educación, lo que resultó en la firma del contrato cuestionado.
Este caso se suma a otros procesos en curso contra Quintero, quien ha sido una figura controvertida durante su gestión como alcalde. La Procuraduría busca esclarecer si hubo negligencia en el ejercicio de sus funciones, lo que podría tener implicaciones significativas para su carrera política futura.
Uno de los procesos contra Quintero fue archivado
El 13 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulo el nombramiento de Alejandro Calderón como gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo.
Este fallo fue un paso clave en la investigación que la Procuraduría General de la Nación había iniciado contra el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en el proceso de selección de Calderón. Sin embargo, recientemente, la Procuraduría decidió archivar el caso, exonerando a Quintero de las acusaciones.
La investigación comenzó el 7 de abril de 2021, tras una denuncia presentada por Santiago Valencia, senador del partido Centro Democrático, y Sebastián López, concejal de Medellín. Ambos políticos acusaron a Quintero de haber mentido sobre las credenciales académicas de Calderón, lo que supuestamente lo inhabilitaba para asumir la gerencia de EPM. Según los denunciantes, Quintero había asegurado en redes sociales que Calderón cumplía con los requisitos académicos necesarios para el puesto.

El caso cobró relevancia cuando se descubrió que los documentos presentados por Calderón para su nombramiento contenían información incorrecta sobre sus estudios. Esto llevó a la Procuraduría a investigar tanto a Quintero como a Calderón, buscando determinar si hubo un intento deliberado de engañar a las autoridades y a la junta directiva de EPM.
A pesar de las acusaciones iniciales y del fallo del tribunal que anuló el nombramiento de Calderón, en octubre de 2024 la Procuraduría concluyó que no había pruebas suficientes para mantener las acusaciones contra Quintero. Esta decisión de archivar el caso marca el fin de una de las primeras investigaciones significativas que enfrentó Quintero durante su mandato como alcalde de Medellín.
El proceso judicial y las investigaciones en torno a este caso reflejan las tensiones políticas y las controversias que han rodeado la administración de Quintero, quien ha sido una figura polarizadora en la política local.
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