El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó nuevas críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que el Ejército Nacional desmantelara una fábrica clandestina de explosivos ubicada en zona rural de San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia, que sería responsabilidad de Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como alias Firu, comandante de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc en el departamento.
El mandatario departamental interrogó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la posible violación al derecho internacional humanitario y al cese al fuego por parte del líder de este grupo armado.
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“Los frentes 18 y 36 de disidencias de las Farc son estructuras criminales que delinquen en Antioquia y que hoy están en la mesa de negociación con el Gobierno nacional. ¿Acaso no es una violación al DIH y al cese al fuego?”, advirtió Rendón en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.
Ante los cuestionamientos, el jefe de cartera de Defensas respondió que la última palabra sobre la continuidad o no de la figura del cese al fuego es exclusiva del presidente Gustavo Petro.
“Esa es una decisión que escapa al Ministerio de Defensa, esto es una violación del derecho internacional humanitario siguiendo los protocolos como se han convenido con esa organización, dar nosotros esas conclusiones sin agotar los mecanismos”, afirmó Velásquez.
Así fue el operativo contra alias Firu
El pasado 29 de octubre, tropas del Ejército nacional hallaron tres fábricas clandestinas de armamentos explosivos en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia, que se ocultaban bajo la fachada de un taller de carpintería en la vereda El Morro, zona rural de dicho municipio.
Según el reporte oficial, los explosivos serían pertenecientes a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, que lidera Édgar de Jesús Orrego Arango, más conocido como alias Firu.
Durante el operativo, la institución castrense descubrió 95 minas antipersona que estaban en pleno proceso de fabricación, así como 31 artefactos listos para ser instalados en el municipio antioqueño para afectar no solo a la fuerza pública sino a los habitantes de la población.
También, las autoridades encontraron 554 resortes para activación de minas antipersonal, un equipo móvil adecuado como detonador, sombreros chinos, cordón detonante y tornillos que son utilizados como metralla para afectar a los pobladores, e insumos que serían útiles para la implementación de explosivos en drones, una modalidad que es utilizada por disidencias en zonas como el departamento del Cauca.
Demandan decreto que designó a alias Firu como gestor de paz
Por su parte, la designación de alias Firu como gestor de paz, podría estar en riesgo, luego de que la sección primera del Consejo de Estado admitió la demanda que busca anular la resolución 0345 de agosto de 2024 por el presidente Gustavo Petro.
La demanda fue instaurada por el ciudadano Santiago Suárez Morales, quien busca anular el decreto que establece la suspensión de órdenes de captura en su contra, y las demás medidas judiciales de carácter penal que pesan sobre estas personas que tienen un amplio prontuario delictivo en varias regiones del país.
El denunciante sostuvo que el decreto presidencial es inconstitucional, ya que vulnera lo estipulado en el código penal, procedimiento penal, procedimiento administrativo y de lo contencioso-administrativo, y a los precedentes de la Corte Constitucional, respectivamente.
Adicionalmente, Suárez Morales pidió en su demanda que se garanticen los derechos fundamentales de las víctimas de las disidencias de las Farc, y solicitó que los designados gestores de paz enfrenten un proceso penal justo “que respete los principios de verdad, justicia y reparación”.
Además de alias Firu, los otros integrantes de las disidencias que fueron nombrados como gestores de paz en dicha resolución fueron Wenser Sony Duque, alias Oliver; Diego Armando Vargas Betancur, alias Boyaco; y María Alejandra Ojeda, quienes estuvieron involucrados en un operativo de la Policía en el pasado mes de julio, tras movilizarse en una camioneta de seguridad de la UNP con armas de fuego.
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