Dos profesores de colegios distritales en Bogotá fueron suspendidos por graves denuncias que hicieron estudiantes y una funcionaria de la Secretaría de Educación en su contra.
La Personería Distrital es el ente de control a cargo de estudiar los casos e imponer las medidas. En estos dos casos, la entidad estableció fuertes sanciones tras las investigaciones que se hicieron luego de recibir las denuncias.
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En el primer caso, en un fallo de segunda instancia se determinó la suspensión e inhabilitación por cuatro meses de Rafael Ángel Paul Cantor, docente de la Institución Educativa Distrital República Bolivariana de Venezuela, por actos de discriminación y xenofobia hacia sus estudiantes durante el primer trimestre de 2022.
El fallo detalla que el maestro utilizó términos despectivos como “brutos” y “plaga”, además de comentarios ofensivos relacionados con el origen, apellidos y acento de los alumnos, lo que violó el principio de moralidad y el deber de trato respetuoso hacia los estudiantes.
“Este comportamiento va en contravía de las actuaciones esperadas de un educador”, dice el fallo que emitió la Personería, resaltando la responsabilidad de los docentes como ejemplos para la sociedad y, especialmente, para los jóvenes.
Un profesor agredió a una servidora pública
En otro caso, Luis Antonio Cepeda Chacón, docente del Colegio Centro Integral José María Córdoba, recibió una multa equivalente a 90 días de salario por expresiones irrespetuosas hacia una funcionaria de la Secretaría de Educación del Distrito en agosto de 2019.
La conducta fue calificada como un acto de irrespeto que afectó la dignidad humana de la servidora pública, según el fallo de la segunda instancia.
“Fue un acto de irrespeto contra una mujer, a quien, con sus expresiones, afectó en su dignidad humana”, dice el documento. “La Personería de Bogotá no permitirá el maltrato a ningún miembro de la comunidad educativa”, afirmó, por su parte, Andrés Castro Franco, jefe del organismo de control.
Castro Franco añadió que la entidad no tolerará el maltrato a ningún miembro de la comunidad educativa. Actualmente, la Personería está llevando a cabo 33 investigaciones disciplinarias adicionales en el ámbito educativo.
La Procuraduría abrió juicio disciplinario contra cuatro profesores en Bogotá
La Procuraduría General de la Nación inició un juicio disciplinario contra cuatro docentes del Distrito, dos de los cuales están acusados de presentar títulos falsos para obtener beneficios laborales.
Según la información divulgada por el Ministerio Público en septiembre de este año, estos profesores habrían utilizado documentación falsa para ser seleccionados como servidores públicos o para ascender en sus puestos.
Entre los implicados se encuentra la docente Sandy Yolima Rodríguez Parales, a quien se le ha formulado un pliego de cargos por presuntamente haber presentado títulos académicos falsos. La investigación busca determinar si Rodríguez Parales entregó documentos que la acreditaban como magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura para lograr un ascenso en la institución donde laboraba.
El organismo de control ha estado investigando estas irregularidades desde hace tiempo, con el objetivo de esclarecer si efectivamente se cometieron faltas disciplinarias por parte de los docentes involucrados. La Procuraduría ha puesto especial atención en los documentos presentados entre febrero y marzo de 2023, los cuales habrían sido entregados a la Secretaría de Educación de la capital.
“El Ministerio Público investiga si la maestra entregó a la Secretaria de Educación de la capital, entre los meses de febrero y marzo de 2023, documentos apócrifos que la acreditaban como magister en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura y, si este le permitió tener un ascenso”, dice el comunicado de la Procuraduría.
Este caso resalta la importancia de la verificación de credenciales académicas en el sector educativo, un tema que ha cobrado relevancia debido a las implicaciones que tiene en la calidad de la educación y en la confianza pública hacia las instituciones educativas. La Procuraduría continúa con sus investigaciones para asegurar que se haga justicia y se mantenga la integridad en el sistema educativo del Distrito.
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