Víctimas de tortura en centros de rehabilitación están desaparecidas, familiares piden ayuda

De acuerdo con un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 69,1% de las personas que han utilizado drogas en Colombia son dependientes, consumidores habituales o adictos, siendo los centros de rehabilitación una de las soluciones más buscadas por estos individuos o sus familias para combatir la problemática.

Sin embargo, estos espacios también han sido señalados en más de una ocasión por denuncias sobre abusos y maltratos al interior de las instalaciones, un tema del que se ha vuelto a hablar en Colombia luego de que fue desarticulada una estructura criminal de directivos de fundaciones en las que habrían “torturado” a los ciudadanos que ingresaron buscando dejar su adicción.

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De acuerdo con las autoridades, la muerte de uno de los vinculados a uno de estos centros de rehabilitación provocó que pusieran más atención en el tipo de servicios que prestaban, evidenciando que en ocho de estas fundaciones estaban golpeando, abusando sexualmente y hasta secuestrando a las personas.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación intervino los espacios y capturó a 21 personas en Bucaramanga, Cartago, en el Valle del Cauca y Soacha, en Cundinamarca, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tortura y secuestro; acceso carnal con persona en incapacidad de resistir y homicidio.

Las familias de las víctimas piden ayuda

Además de los posibles abusos que pudieron haber padecido sus seres queridos, familiares de 100 personas que estaban vinculadas en estos centros de rehabilitación informaron a Caracol Radio que se encuentran preocupados porque tras la intervención de las autoridades, no tienen información sobre el paradero de sus allegados

Algunos de ellos indicaron que la Fiscalía intervino las fundaciones sin previo aviso y dejó ir a las personas que tenían algún tipo de adicción,

“Trabajamos con muchachos donde las familias daban la autorización de hacerles un tratamiento. Lo preocupante del caso es que los entes gubernamentales, la Fiscalía, el Ejército y los que vinieron a hacer allanamiento, no sé si esté bien o mal, pero abrieron puertas y dejaron salir a todo el mundo y salieron como si nada sin darle a aviso a las familias”, es uno de los testimonios que publicó el medio citado.

Uno de los casos expuestos fue el de Belén del Castillo, oriunda de Montería, que tuvo que viajar a Bucaramanga luego de que se enteró del operativo en el que se intervino la fundación en la que estaba su hijo José Luis, del que desconoce en dónde está en estos momentos.

Belén del Castillo afirmó que no recibió ningún tipo de aviso sobre la salida de su hijo del centro de rehabilitación y que ahora le preocupa que pueda volver a caer en su adicción estando en la calle.

“Lo pasaron para otro lugar y no nos dan razón. Vamos para San Camilo a ver si está allá. Nos preocupa que le pueda pasar algo, usted sabe que en la calle pueden conseguir cosas malas, perderse en el vicio o cualquiera cosa, no sé, la gente es mala”.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga informaron que estarán al frente de las investigaciones y que ayudarán a las familias a reencontrarse con sus seres queridos; de la misma forma, indicaron que entregarán la documentación que pueda requerir la fiscalía sobre permisos y regulaciones que tenían estos espacios.

Por su parte, representantes de algunos centros de rehabilitación intervenidos, indicaron a Caracol Radio que el procedimiento fue indebido, puesto que están siendo acusados de hechos que se registraron en 2021, cuando aún no tenían en funcionamiento la fundación o tenía otra administración.