El reciente Decreto 1275 de 2024, emitido por el Gobierno nacional, ha generado una ola de controversia al establecer que los pueblos indígenas ejercerán funciones como autoridades ambientales en sus territorios. La medida otorga a estas comunidades competencias significativas, tales como la protección de ecosistemas, la formulación de reglas para la administración y conservación de sus territorios, así como la planificación de presupuestos y la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.
Sin embargo, estas nuevas atribuciones no han sido bien recibidas por todos. Wilson Ruíz, exministro de Justicia, anunció que presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando revocar la ejecución de este decreto.
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En su argumentación, Ruiz sostuvo que “el presidente Gustavo Petro ha excedido sus competencias, ignorando el rol del Congreso de la República y tomando decisiones que no le corresponden”. Esta afirmación resalta una de las principales preocupaciones en torno a la medida: la supuesta invasión de competencias legislativas que tradicionalmente pertenecen al Legislativo.
Ruíz también criticó la decisión de otorgar a los pueblos indígenas facultades como autoridades ambientales. En su opinión, esta medida genera potenciales conflictos con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son las encargadas de proteger las áreas naturales y gestionar el presupuesto destinado a la conservación ambiental.
“Esto es una amenaza a la institucionalidad porque le están quitando la competencia que le corresponde al Congreso de la República”, enfatizó Ruíz, que también se ha manifestado como un firme defensor del activismo judicial en Colombia.
Finalmente, el exministro destacó que la distribución de competencias establecida en el decreto podría impactar negativamente la gestión ambiental en el país, considerando que existe una lucha de poder entre las CAR y los 115 pueblos indígenas reconocidos en Colombia. Esta situación plantea preguntas sobre cómo se implementarán efectivamente las nuevas funciones otorgadas a las comunidades indígenas y cómo se equilibrarán con las responsabilidades de las CAR.
Un futuro incierto para el manejo ambiental
El desafío planteado por Ruíz y otros críticos del decreto se suma a la creciente tensión entre diferentes actores en la gestión ambiental en Colombia. Con la implementación de este decreto, se anticipa que habrá un debate significativo sobre el futuro del manejo de recursos naturales en el país.
En ese contexto, durante un evento en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro defendió el decreto en un discurso enérgico. Afirmó que, “las CAR no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”.
Petro aseguró que si el decreto es rechazado, lo seguirá presentando “hasta que los derrotemos, porque nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana, cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América”.
Es fundamental recordar que hasta ahora, las CAR han sido responsables de ejecutar las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, participando en la planificación y ordenamiento territorial relacionado con licencias, permisos y movilización de recursos. El Decreto 1275 de 2024, por lo tanto, no solo introduce un cambio en la política ambiental del país, sino que también pone de relieve la complejidad de la gobernanza en esta materia.
Mientras la demanda de Wilson Ruíz avanza, el futuro del decreto expedido por el Gobierno abre un campo de batalla en el que se entrelazan intereses políticos, ambientales y sociales; pero donde la discusión sobre el papel de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ambientales será clave para el desarrollo del país.
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