Ser funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se ha convertido en una verdadera situación de riesgo, debido a que solo en lo corrido de 2024 van 19 guardianes asesinados, además de las más de 375 amenazas de muertes que se han registrado.
Sumado a esto, las condiciones laborales parecen no ser las mejores, razón por la que la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) hizo un reclamo al Gobierno nacional para garantizar el desarrollo óptimo de sus funciones, así como lograr beneficios que de alguna manera sopesen los riesgos y violencia a los que se exponen diariamente.
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Estos reclamos fueron compartidos al Gobierno de Gustavo Petro mediante un comunicado, en el que anuncian movilizaciones masivas en todo el país para reivindicar algunos derechos que han sido vulnerados.
“La UTP, de manera autónoma e independiente hará las jornadas de movilización de carácter nacional y como contundencia que nos conlleven a la reivindicación de nuestro derecho pensional a los 20 años y no como lo plantean otras organizaciones que pretenden mantener la precarización en materia pensional, continuar con este régimen actual desigual e injusto para la UTP en incoherente con nuestra filosofía y verdadera lucha por los derechos laborales de los trabajadores del instituto”, indicó el comunicado conocido en la tarde del viernes 18 de octubre.
Entre las exigencias del sindicato se plantea la posibilidad de que se impulse un proyecto de ley que garantice la pensión a los 20 años de haber prestado el servicio en los diferentes centro de reclusión del país. Del mismo modo, solicitan que se incluya seguros de vida, reconocimiento al trabajo suplementario, dotaciones óptimas y, en especial, seguridad de los funcionarios.
“Tenemos muchas situaciones que afectan nuestra integridad: amenazas en el Valle del Cauca, en Santander, Norte de Santander, en el centro del país, etc (...). Esta situación ha sido por las malas decisiones que ha tomado el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, y nos ha traído aproximadamente 24 muertos de nuestros compañeros en el orden nacional”, sentenció Juan Pablo Gómez, funcionario del Inpec y secretario del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), reseñado por Blu Radio.
El sindicato enfatizó en que continuar con el régimen actual representa injusticia e incoherencia, por lo que piden reunirse con el Gobierno y platear las salidas a las múltiples problemáticas que enfrentan.
<a href="https://www.elcolombiano.com/colombia/sofia-delgado-brayan-tenia-comportamiento-inquietante-en-redes-sociales-BF25646263"> </a>Envían panfleto amenazante luego de atentado contra dragoneante en Bucaramanga
Un nuevo panfleto amenazante comenzó a circular la noche del 17 de octubre cerca de la Cárcel de Palogordo, en Girón, dirigido tanto contra un guardia del penal como contra la población civil. El mensaje anónimo hace referencia directa al ataque sufrido esa misma mañana por Dyeezeen Fernando Carrillo Sánchez, dragoneante del Inpec, quien fue víctima de un atentado sicarial frente a la Cárcel Modelo de Bucaramanga cuando se disponía a iniciar su jornada laboral.
En el panfleto, los autores afirman: “Por hacer caso omiso a nuestra petición, aquí tienen el resultado. Ya empezamos con el plan pistola”, lo que, según las autoridades, confirma la conexión con el ataque a Carrillo Sánchez. Además, los delincuentes advierten que “ahora vamos por un civil” y exigen el cierre del Patio 10 de Palogordo.
Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios en Santander, indicó que este atentado podría estar vinculado a las amenazas previas recibidas por el funcionario mientras trabajaba en la cárcel de Girón. “Este otro panfleto habla textualmente de que aparentemente el atentado contra el dragoneante fue producto del plan pistola que se sigue en contra de los funcionarios del Inpec y vuelven a hablar del tema específico del Patio 10 de Palogordo, donde están los llamados dinamizadores de la extorsión”, explicó Mantilla a Vanguardia.
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