
El sector energético en Colombia enfrenta una crisis sin precedentes que podría tener graves repercusiones para millones de usuarios, especialmente aquellos de los estratos más bajos.
Las principales asociaciones que agrupan a las empresas de energía del país, como la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), han lanzado una alarma debido a una deuda millonaria que el Gobierno Nacional mantiene con las empresas del sector.
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Según estas asociaciones, el Gobierno adeuda más de siete billones de pesos por subsidios y tarifas, una situación que, de no resolverse, podría derivar en cortes de electricidad y un aumento drástico en las facturas de energía. El impacto afectaría directamente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de subsidios para acceder al servicio básico.
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Deuda millonaria y riesgo de cortes de energía
La deuda del Gobierno Nacional con las empresas del sector eléctrico se desglosa en dos componentes principales.
Por un lado, se deben más de 2.5 billones de pesos correspondientes a subsidios, y por otro, cerca de 4 billones por la opción tarifaria, un mecanismo que permite a los usuarios pagar tarifas de energía reguladas de manera escalonada para evitar incrementos abruptos.
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Estos pagos no se realizan desde hace más de cinco meses, lo que ha dejado a las empresas de distribución y comercialización de energía en una situación financiera crítica.

Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, ha pedido al Gobierno que realice los pagos de manera urgente para evitar una crisis mayor. “Estamos solicitando al Gobierno que pague los subsidios de energía y gas que están alrededor de 2.5 billones de pesos. Estos recursos son fundamentales para que las empresas no entren en cesación de pagos y puedan seguir prestando el servicio”, señaló Sánchez.
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Si el Gobierno no cumple con sus obligaciones, las consecuencias podrían ser desastrosas. La falta de recursos podría llevar a un “apagón financiero” en las empresas encargadas de distribuir y comercializar la energía, afectando a millones de colombianos. En particular, los más vulnerables, que dependen de los subsidios, serían los más perjudicados.
Uno de los efectos más preocupantes de esta crisis financiera en el sector energético es el aumento en las tarifas de energía, que podría alcanzar hasta un 150%, según advierten las asociaciones del sector. Este incremento afectaría de manera directa a los usuarios de estratos bajos que dependen de los subsidios del Gobierno para pagar sus facturas.
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La opción tarifaria, que debía suavizar el impacto de los precios de la energía, no ha recibido los pagos correspondientes desde hace meses. Esto significa que, si no se regularizan estos pagos, las facturas que reciban los usuarios reflejarán el aumento acumulado en los costos de generación y distribución de energía, que las empresas han absorbido hasta ahora.

El riesgo de un apagón financiero y crisis de gas
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Además de la crisis en el sector eléctrico, Colombia también enfrenta un problema en el suministro de gas natural. Según las cifras más recientes, el país no tiene suficiente gas para cubrir la demanda total. A partir del 1 de diciembre de 2024, se espera que haya un déficit del 12% en la oferta nacional de gas, una cifra que podría aumentar al 30% para finales de 2025 y durante el año 2026. Esto significa que los usuarios también podrían enfrentar interrupciones en el suministro de gas, afectando tanto a hogares como a empresas que dependen de este recurso para operar.
El llamado del sector energético al Gobierno
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Ante este panorama, las asociaciones de energía han hecho un llamado claro y urgente al Gobierno Nacional. Camilo Sánchez Ortega, en representación de Andesco, ha insistido en la necesidad de que se regularicen los pagos de los subsidios y la opción tarifaria. De lo contrario, advirtió, el país podría enfrentar una crisis energética que afectaría a millones de colombianos.
“Si no se resuelven estas deudas, las empresas no tendrán los recursos necesarios para continuar operando, lo que podría llevar a cortes de energía y a una crisis de gas. Es fundamental que el Gobierno actúe con celeridad para evitar un apagón financiero y garantizar la continuidad de los servicios”, afirmó Sánchez.
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