La Mesa de Diálogo de Actividades Sexuales Pagas, convocada por el Ministerio de la Igualdad, reunió a representantes de los Ministerios de Igualdad, Interior y Trabajo, así como a asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres y empresarios del sector del entretenimiento para adultos.
La intención era fomentar un acercamiento entre estos sectores y coordinar esfuerzos para trazar una hoja de ruta en beneficio de los derechos de las mujeres y personas vinculadas a los servicios sexuales pagos.
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Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por parte de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres, quienes consideraron que la reunión perpetuaba la revictimización de las víctimas de explotación sexual.
Claudia Quintero, de la fundación Empodérame, expresó su descontento con el ambiente del encuentro, calificándolo de ‘hostil y revictimizante’.
Sara Jaramillo, líder de la Red Feminista Abolicionista de Medellín, expresó su desacuerdo con la postura del Ministerio que niega la conexión entre el trabajo sexual y la trata de personas. Según Jaramillo, esta perspectiva ignora la realidad de la explotación inherente al fenómeno de la prostitución, además, consideró que la reunión revictimizaba a las mujeres víctimas de explotación sexual.
“Nos invitaron a un evento en el que nos sentaron de tú a tú con las personas que se lucran de la explotación sexual (...) esta administración se supone que representaba a las personas que no hemos sido escuchadas, esto es una bofetada (...) el Gobierno nos da una bofetada al insistir en que la prostitución es un trabajo”, aseguró Jaramillo en Caracol Radio.
Margie Duque, lideresa y víctima de explotación sexual, también mostró su sorpresa por la falta de representación de las verdaderas voces en los espacios de decisión.
Duque habló de la importancia de que las personas que viven en la calle y enfrentan el miedo y la inseguridad sean escuchadas en las discusiones sobre políticas que las afectan directamente.
La ausencia de estas voces en los foros de decisión gubernamental es vista como una omisión en el abordaje de la problemática de la explotación sexual. “Las verdaderas voces deben ser las de quienes viven en la calle, enfrentándose al miedo y a la inseguridad”, fueron las palabras puntuales de la víctima.
Por lo anterior, la Red invitó a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, que reconsidere la agenda de las mesas de diálogo en curso. Según la organización, estas reuniones están otorgando legitimidad a los propietarios de prostíbulos y estudios de webcam, quienes, en muchos casos, están involucrados en la trata de personas.
Esta petición surge en medio de un debate sobre la participación de empresarios del sector en las discusiones sobre los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.
Posturas encontradas
Por su parte, Melissa Toro, directora de la organización Putamente Poderosas, defendió la inclusión de estos empresarios en las conversaciones. Toro argumenta que no todos los involucrados en la industria son proxenetas y que algunos buscan crear un entorno más seguro y con garantías para las trabajadoras. Pese a las críticas, el Ministerio de la Igualdad defendió los encuentros, argumentando que son necesarios para avanzar en la protección de los derechos de las personas involucradas en actividades sexuales pagas.
De la mano con lo anterior, Charlotte Schneider Callejas, directora de la Dirección de Actividades Sexuales Pagas, defendió el encuentro organizado por el Ministerio de la Igualdad en Colombia, cuyo objetivo era abordar las actividades sexuales pagas. La reunión, que tuvo lugar el viernes 27 de septiembre y fue impulsada por el Viceministerio de las Mujeres, buscaba desestructurar narrativas punitivas y criminalizadoras en torno a este tema.
El debate sobre cómo abordar las actividades sexuales pagas en Colombia sigue siendo un tema divisivo, con opiniones encontradas sobre la mejor manera de proteger los derechos de las personas involucradas y garantizar su bienestar, en Colombia se hace a través de la sentencia T-594 de 2016 de la Corte Constitucional.
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