En la mañana del martes 8 de octubre, las principales asociaciones del sector energético en Colombia advirtieron sobre una crisis que amenaza con intensificarse en los próximos meses si no se toman medidas urgentes.
Organizaciones como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia señalaron que los problemas financieros, el cambio climático y decisiones gubernamentales inadecuadas están afectando gravemente el equilibrio entre la oferta y la demanda energética en el país. Uno de los llamados más preocupantes proviene del sector del gas natural, que ya puso fecha límite para una situación de escasez.
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En cuanto al suministro de gas, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, fue tajante al afirmar que el país no cuenta con suficiente combustible para garantizar el servicio continuo a toda la demanda. Según Murgas, el déficit de gas se volverá una realidad a partir del 1 de diciembre de 2024, y la única solución a corto plazo sería que el Gobierno autorice la comercialización de gas importado.
“El déficit de gas comenzará el 1 de diciembre. La única manera de mitigar este problema es que se permita la comercialización de gas importado”, aseguró Murgas, subrayando que esta medida es urgente para evitar interrupciones en el servicio.
Deterioro energético en el país
Los gremios alertaron que la demanda de energía ha crecido de manera sostenida en los últimos años, pero la oferta no ha seguido el mismo ritmo, lo que ha provocado tensiones significativas en el sistema. Según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, uno de los mayores retos es la deuda acumulada por el sector eléctrico, que ya alcanza los $7 billones.
De acuerdo con los gremios, esta deuda se divide en varios componentes: $2,5 billones corresponden a subsidios que ya se entregaron a los ciudadanos, pero que el Gobierno aún no ha financiado, y casi $4 billones están relacionados con la opción tarifaria, una medida que permitía a los usuarios aplazar parte de sus pagos, generando un hueco financiero. A esto se suman las deudas acumuladas por los usuarios oficiales.
Manzur señaló que el Gobierno ha sido un factor clave en el agravamiento de esta crisis financiera, ya que, aunque asumió el compromiso de cubrir los costos de la opción tarifaria y de los subsidios, estos recursos aún no han sido desembolsados. Esta demora no solo afecta a los comercializadores de energía, sino que impacta a toda la cadena del sistema eléctrico. La situación, advirtió el funcionario, podría derivar en un “apagón financiero” si no se soluciona pronto.
“Hoy el sector eléctrico tiene una deuda de $7 billones, de los cuales cerca del 60% corresponde a obligaciones del gobierno”, explicó. Además, alertó que la combinación de factores como las condiciones climáticas adversas y la falta de acción por parte de las autoridades podría disparar aún más esta cifra en los próximos meses.
En cuanto al impacto en las empresas, Manzur enfatizó que si bien las grandes compañías del sector se ven afectadas, las más vulnerables son las pequeñas empresas, que corren el riesgo de desaparecer si la situación financiera sigue deteriorándose.
Por otro lado, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, sugirió que una medida que el gobierno debería implementar de inmediato es una campaña nacional de ahorro energético. Esta iniciativa podría reducir el consumo y evitar un eventual racionamiento de energía en el futuro cercano. “En el corto plazo, necesitamos iniciar una campaña de ahorro de energía. Esto puede marcar la diferencia, especialmente porque no sabemos cómo se comportará el clima en los próximos meses”, señaló Gutiérrez.
Además, los voceros del sector instaron al gobierno a acelerar proyectos de exploración y explotación de gas, como el proyecto Sirius, que podría garantizar el abastecimiento de gas a mediano plazo, aunque no resolverá la crisis a corto plazo.
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