El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado una nueva estrategia para agilizar la restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.
Esta iniciativa, conocida como restitución anticipada, busca resolver de manera más rápida y eficiente los casos de restitución de tierras, evitando la intervención judicial y permitiendo que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregue predios de manera administrativa.
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La propuesta está contenida en un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura revelada recientemente por el diario El Espectador, que aún requiere la firma de la ministra Martha Carvajalino y del presidente Gustavo Petro. El decreto, titulado ‘Programa especial de dotación de tierras en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras, sujetos de reforma agraria’, tiene como objetivo principal acelerar el proceso de restitución que, según la ley de víctimas, debería resolverse en un máximo de 120 días, aunque en la práctica puede tardar años.
Desde 2011, el proceso de restitución de tierras en Colombia ha dependido de la intervención de jueces y magistrados, quienes ordenan la restitución de los predios o la compensación con otra tierra de características similares. Sin embargo, la realidad es que, en promedio, una solicitud de restitución tarda 3,27 años en ser resuelta, según datos de la fundación veedora Forjando Futuros entregados al diario nacional. En departamentos como Cesar y Magdalena, el tiempo de espera puede superar los cuatro años.
El caso de José de la Rosa Palencia es un ejemplo de la demora en el proceso de restitución. Palencia, víctima de desplazamiento en Turbo (Antioquia) en 1997, presentó su solicitud en 2011 y, aunque en 2022 un juez ordenó que se le otorgara un predio como compensación, la URT aún no ha logrado realizar la entrega, según conoció el medio citado.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha buscado una alianza con la URT para entregar predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral de manera temprana a los solicitantes que están esperando respuesta.
El nuevo decreto dividirá a los potenciales beneficiarios en tres categorías: aquellos que ya han radicado su solicitud y no han obtenido sentencia, aquellos que ya tienen una sentencia que ordena la compensación con un predio equivalente, y aquellos que ocupan un predio solicitado en restitución y lo hayan adquirido de buena fe, además de personas en condiciones de vulnerabilidad o dependencia socioeconómica del bien.
La restitución anticipada será siempre voluntaria y requerirá que el solicitante presente un documento ante el juez o magistrado de restitución que tiene su caso en el que informarán sobre su acogimiento al proceso anticipado. El predio entregado tendrá características y una extensión similar a la de la tierra solicitada y contará con un proyecto productivo para la subsistencia de los beneficiarios.
Según el documento revelado por El Espectador, para evitar una doble adjudicación de tierras por parte del Estado, los solicitantes que reciban un predio de manera anticipada deberán ceder ese segundo predio, que resultará de la vía legal vigente, al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral una vez cuenten con una sentencia de restitución a su favor.
Una de las preocupaciones que deja el decreto es si la URT está preparada para asumir tal cantidad de procesos administrativos, que requieren la máxima transparencia para evitar casos de corrupción y apropiación ilegal de tierras por personas que no sean víctimas de la guerra.
A pesar de estos desafíos, las estadísticas muestran que la estrategia es necesaria, ya que en el 70% de los procesos no hay opositores que se nieguen a salir de los predios solicitados y, cuando los casos no presentan oposición, en el 99% de las veces la justicia resuelve a favor de los solicitantes.
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