La Procuraduría General de la Nación emitió un preocupante comunicado en el que expone un bajo avance en la creación de empleos formales con el Estado, una de las principales metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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Según el informe presentado por el Departamento de la Administración de la Función Pública (Dafp), de los 40 mil nuevos empleos anunciados para el 2024, apenas se ha alcanzado el 2,3%, con solo 945 cupos creados hasta el momento.
Uno de los puntos más críticos es el incremento en los contratos por prestación de servicios, que afecta a un gran porcentaje de los trabajadores vinculados al sector público. De las 496.134 personas en las plantas de personal de la rama ejecutiva, tanto a nivel nacional como territorial, 354.246 están bajo esta modalidad de contratación.
La Procuraduría señaló en el comunicado que la situación “podría incrementar las demandas contra la Nación”, ya que muchas de estas vinculaciones no se ajustan a los principios constitucionales que rigen el acceso a cargos públicos.
El artículo 125 de la Constitución Política establece que el acceso a los empleos estatales debe regirse por el mérito. No obstante, el uso desproporcionado de contratos por prestación de servicios, en lugar de empleos formales, podría ser una violación de este principio en aquellos casos en los que se compruebe una relación laboral de facto. La Procuraduría enfatizó la necesidad de rectificar este panorama y evitar futuros litigios por parte de los contratistas.
Además, el informe destaca irregularidades en las cifras relacionadas con la vinculación de personas con discapacidad al sector público. De los 15.618 trabajadores con discapacidad reportados, 2.248 son contratistas, lo cual contradice la normativa que exige que las cifras incluyan únicamente a empleados formales.
La normativa vigente establece que las personas con discapacidad deben ser incluidas en la planta de personal de manera formal, garantizándoles los derechos y beneficios propios de un empleado público, tales como la seguridad social, pensiones y estabilidad. Incluir a contratistas en las cifras oficiales de inclusión laboral va en contravía de este principio, ya que las modalidades de prestación de servicios no les aseguran la misma protección.
El ente de control también alertó sobre las posibles consecuencias legales que podrían derivarse de este tipo de contratación, en especial si se demuestra que las personas con discapacidad contratadas bajo esta modalidad están desempeñando funciones que deberían ser cubiertas por un empleo formal, lo que podría desencadenar demandas laborales contra el Estado.
Ante la situación, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha solicitado al Gobierno Nacional y al Dafp la formulación de un programa de acción. Este plan debe enfocarse en las entidades que tienen el mayor número de contratos por prestación de servicios, con el objetivo de cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y evitar futuros incumplimientos que pongan en entredicho la administración pública.
Procuraduría investiga al alcalde de Puerto Colombia por millonaria omisión
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el alcalde de Puerto Colombia, Atlántico, Wilman Enrique Vargas Altahona (2020-2023), por presuntamente omitir la transferencia de $3.857 millones correspondientes a la sobretasa ambiental. El ente de control también investiga a los exsecretarios de Hacienda, Rodrigo Gerónimo Goenaga, y de Presupuesto, Leonel Guillermo Maury Ariza, por su posible responsabilidad en los hechos.
La Procuraduría evaluará si los exfuncionarios incumplieron con el plazo legal para girar estos recursos a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), lo que llevó a la CRA a interponer una acción de cumplimiento ante el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla. Los investigados podrán rendir versión libre sobre estos hechos si lo consideran oportuno.
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