
El ambiente laboral en la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido objeto de una denuncia seria por parte de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Asemext). Según el presidente del sindicato, Germán Becerra Roncancio, y documentos presentados a la superintendente Cielo Rusinque, los trabajadores enfrentan condiciones inhumanas, incluyendo amenazas, maltratos y persecuciones.
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“Hemos recibido copia (anexa) de una denuncia anónima que se estaría presentando a los entes de control y a varias dependencias y entidades que tendrían interés o competencia sobre los temas allí abordados. Adicionalmente, informamos que hemos recibido también manifestaciones verbales que apuntan a demostrar la veracidad de las afirmaciones contenidas en la denuncia en mención”, indicó Becerra.
En particular, según lo relata Semana, se menciona la implicación de Laura Daniela Beltrán, mejor conocida como Lalis, que es señalada como una de las personas responsables del supuesto maltrato a los empleados de la entidad regida por Rusinque. Esta información se añadió en un correo anónimo recibido por la superintendenta, donde se detalla la difícil situación que algunos funcionarios y contratistas estarían atravesando.
El documento dice que “se ha hecho evidente un trato hostil hacia los funcionarios y contratistas del grupo de OSCAE, particularmente por parte de la asesora Laura Daniela Beltrán (influencer), que ha manifestado abiertamente amenazas de maltrato y ha impedido el acceso a derechos y beneficios establecidos”.
Este clima hostil incrementó durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo cual ha sido motivo de preocupación para los trabajadores que no llegaron bajo la administración de Petro. La carta también fue compartida con diversas entidades y entes de control que tienen competencia en estos asuntos, para que se tomen las medidas correspondientes.

Asemext ha estado en comunicación constante con los empleados de la Superintendencia para corroborar la veracidad de la denuncia. Aunque la carta fue enviada de manera anónima, el sindicato asegura tener testimonios directos de trabajadores que avalan estas acusaciones de hostilidad y abuso.
Además en el titulo de la misiva se lee “Denuncia por abuso de autoridad, maltrato, persecución y acoso laboral”, esta fue enviada inicialmente al Ministerio del Trabajo, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Presidencia.
En la carta, uno de los temas más críticos es la incorrecta asignación de puestos. Según esto, los trabajadores han sido ubicados en estaciones de trabajo que no cumplen con los requisitos ergonómicos necesarios, lo cual ha generado malestar y problemas de salud. Adicionalmente, se menciona que existe una “constante referencia a la verificación de conexiones”, lo que ha instalado un ambiente de temor entre el personal.
Otro aspecto relevante involucra al comportamiento de la jefa de almacén, Natalhi Bravo. Diversos empleados han acusado a la funcionaria de maltrato y de imponer obligaciones desproporcionadas de manera reiterada. Este tipo de acciones ha incrementado los niveles de estrés y ha derivado en problemas de salud mental entre los trabajadores.
La denuncia también señala que la administración está al tanto de estas situaciones, pero ha sido calificada de inacción al no implementar soluciones efectivas. Los empleados consideran que la falta de respuesta por parte de la administración agrava aún más la situación.
Otro punto sensible es la gestión interna de permisos, procedimiento que ha causado incomodidad entre los empleados. La práctica de exigir pruebas fotográficas a funcionarios y contratistas es percibida como una invasión a la privacidad, aumentando la insatisfacción general.

Adicionalmente denuncian que un cambio que ha incomodado es el de la resolución que permite el teletrabajo, pues esta no fue “socializada ni acordada” con las organizaciones sindicales.”La nueva normativa impone restricciones excesivas sobre los días de asistencia para trabajo suplementario, limitando a los teletrabajadores en sus opciones para cumplir con estas jornadas. En particular, se prohíbe trabajar de manera suplementaria en días consecutivos con extensiones de teletrabajo, lo que afecta su planificación personal y familiar”, indica la denuncia.
Aseguran que cualquier teletrabajador que quiera tomar vacaciones, permisos o incapacidad debe asistir al día siguiente: “Esta exigencia es desproporcionada y desconsidera las condiciones personales y de salud de los trabajadores”.
De acuerdo con Semana, Becerra Roncancio aún no ha recibido explicaciones por parte de la administración de la Superintendencia de Industria y Comercio desde que salió a la luz una carta con serias denuncias el 9 de agosto de 2024.
El documento de denuncia revela que los funcionarios y contratistas de la Superintendencia enfrentan condiciones laborales inadecuadas. Según la carta, la falta de implementos básicos como escritorios, sillas y equipos adecuados no sólo dificulta el desempeño de sus tareas, sino que también los expone a situaciones de riesgo que van en contra de las normativas de la ARL sobre condiciones laborales seguras.

Esta situación ha creado un “ambiente laboral tóxico” dentro de la institución. Los trabajadores manifestaron sentirse acosados y amenazados, y la incertidumbre sobre la posible pérdida de la modalidad de teletrabajo está incrementando los niveles de estrés y malestar en el personal. Esto ha sido evidenciado por un aumento en los incidentes de salud mental. El documento destaca la urgencia de tomar medidas para salvaguardar la integridad física y emocional de los empleados.
En particular, la carta menciona casos de ataques de ansiedad, infartos y suicidios entre los trabajadores.
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