Coronel retirada del Ejército fue enviada a prisión por beneficiar a terceros en nueve licitaciones: se quedó con casi $100 millones

La mañana del viernes 30 de agosto 2024 se conoció que la Fiscalía General de la Nación llegó a un acuerdo con la coronel en retiro Martha Leonor Guío Vanegas, luego de que ella aceptó su participación en un entramado de corrupción que se presentó dentro de las filas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en Antioquia.

Los hechos que se habían presentado en su sede de Medellín entre los años 2016 y 2018, y por este caso Guío Vanegas fue condenada a pagar cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

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De acuerdo con lo que explicó el ente investigador, liderado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, mientras la hoy condenada se desempeñó como directora de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac).

En dicho cargo, la oficial en retiro “exigió a determinados oferentes el 10% del valor total de nueve contratos relacionados con la adquisición de diferentes bienes y servicios, para entregarles información privilegiada como precios y condiciones de las licitaciones, de tal manera que ajustaran sus ofertas y fueran seleccionados”.

Como resultado de estas acciones Guío Vanegas recibió $94 millones, los cuales “reintegró luego de la negociación judicial en la que reconoció su responsabilidad en los actos de corrupción”, explicó la Fiscalía.

La coronel en retiro deberá cumplir su condena en centro carcelario, y sumado a esto se le impuso una multa de $2.239 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y quedó inhabilitada por 54 meses para el ejercicio de cargos públicos.

Otro miembro del Ejército también exigió dinero, pero a prisioneros, en Antioquia

Óscar Iván Guaque Herrera, un capitán del Ejército colombiano, se encuentra detenido tras ser señalado como autor de un esquema de extorsión en el cantón militar de Medellín. Guaque Herrera exigía pagos a prisioneros a cambio de no ser trasladados a otros centros carcelarios fuera del Valle de Aburrá, según informó la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado.

El caso salió a la luz luego de una investigación desarrollada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que llevó a la captura del oficial con la colaboración del Ejército Nacional. Según las diligencias preliminares, el capitán abordó a tres reclusos en sus celdas en septiembre y octubre de 2023, demandándoles sumas de entre $4 y $6 millones a cambio de evitar su traslado o extradición, informó el ente investigador el 12 de junio de 2024.

“El 2 y 7 de septiembre y el 28 de octubre de 2023, el capitán habría abordado a tres hombres en sus celdas y les habría exigido 5, 6 y 4 millones de pesos, respectivamente, a cambio de no ser trasladados a un centro carcelario por fuera del Valle de Aburrá o no ser extraditados”, aprovechándose de su posición de poder como encargado de gestionar los traslados y los cupos disponibles junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), indicó la Fiscalía.

Tras su detención, el capitán fue presentado ante un juez de control de garantías, que se encargará de determinar su responsabilidad en los hechos y decidir las medidas a seguir. Las acusaciones que enfrenta Guaque incluyen abuso de poder y extorsión.

Sin embargo, estos no han sido los únicos casos registrados durante 2024 que han manchado el nombre de la institución, debido a que el 2 de mayo se conoció la captura del capitán Gustavo Bayter Jiménez, la subteniente María Fernanda González Gamboa, el cabo tercero Thaysir Hernando Vergara y los sargentos segundos Yesith Bernardo Campo Maradiaga y Lorenzo Segura Arcos, quienes fueron acusados de integrar un esquema ilegal de venta de armas.

La indagación que adelantó la Fiscalía, permitió que los agentes del CTI realizaran aprehendieran a los miembros del Ejército luego de comprobarse que utilizaron a un exintegrante de las disidencias de las Farc para concretar la venta de un revólver por una suma de $4.500.000 el 23 de abril en un billar ubicado en el barrio Meléndez, de Cali, Valle del Cauca.

Esto generó que el ente les imputara los delitos de prevaricato por omisión, tráfico de armas de fuego de uso restringido y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Por este hecho Bayter Jiménez, González Gamboa, Hernando Vergara y Campo Maradiaga fueron enviados a a la cárcel, en tanto que Segura Arcos quedó en libertad, pero seguirá vinculado a la investigación que continúa en la Fiscalía.