Corte Constitucional admitió la primera demanda contra la reforma pensional de Gustavo Petro

La Corte Constitucional admitió la primera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional del país. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue quien presentó el recurso legal, argumentando que la nueva reforma del Gobierno contraviene varios artículos de la Constitución Política.

En un auto emitido por el alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Naja detalló que la impugnación se centra en tres elementos principales de la ley. El primer cargo sostiene que el proceso legislativo no respetó el artículo 157 de la Constitución.

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Adicionalmente, señala que los artículos 93 y 84.5 de la ley no cumple con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución, que garantiza el derecho a una pensión adecuada. Para la senadora Paloma Valencia, la reforma presenta problemas que, de ser aprobada, podrían generar una deuda impagable para las generaciones jóvenes.

Entre las presuntas irregularidades en el trámite legislativo de la reforma, la demandante señaló que la Cámara de Representantes adoptó el texto aprobado por el Senado de la República sin que hubiera un debate adecuado ni una explicación por parte de los ponentes sobre las diferencias con la ponencia de segundo debate. Además, Valencia subrayó que el presidente Gustavo Petro decretó la suficiente ilustración sin respetar el tiempo requerido y que no se discutieron las 700 proposiciones que habían sido radicadas.

Otro aspecto crucial de la demanda es la creación de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinos, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución. Según la congresista, esto implica que el Gobierno definirá discrecionalmente las condiciones de jubilación para el 41% de la población colombiana, lo que podría generar serias implicaciones financieras y sociales.

En cuanto al impuesto a las pensiones, la demanda pidió la constitucionalidad condicionada, sugiriendo que solo se graven las pensiones en la parte que exceda de 1.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales y no anuales. Aunque la Cámara había corregido este aspecto, la adopción del texto del Senado dejó esta cuestión sin una resolución clara.

Para continuar con el proceso, la Corte Constitucional ordenó a los secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Representantes que proporcionen, en un plazo de 10 días, toda la documentación y grabaciones relativas al proceso legislativo de dicha ley. También se ha invitado a varios organismos y expertos a presentar sus opiniones sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión.

Además, estableció un término de 10 días para cualquier ciudadano que desee intervenir en el proceso, y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para emitir su concepto sobre el caso.

Finalmente, el magistrado Ibáñez Najar comunicó sobre el proceso al presidente de la República, Gustavo Petro, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, y a otros funcionarios clave, con el objetivo de que puedan presentar argumentos en defensa de la ley.

Cabe recordar que esta no es la único recurso legal que enfrenta la reforma pensional del Gobierno. El 12 de agosto, la Corte Constitucional recibió otra demanda de inconstitucionalidad que fue interpuesta por el concejal de Bogotá Marco Acosta, al considerar que la iniciativa presenta varios vicios de trámite.

“Ante el riesgo inminente que sufre la democracia colombiana, nuestra economía y el futuro de los más jóvenes, por medio de las reformas del Gobierno Petro, he decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la nefasta reforma pensional por las graves implicaciones que tienes para nuestra sociedad a futuro, y los innumerables vicios de inconstitucionalidad que se presentaron en el trámite de aprobación en el Congreso”, señaló el cabildante, por medio de un comunicado.

Los argumentos presentados en la demanda se centran en que la reforma:

• Rompe el principio de consecutividad al no ser debatido en la plenaria de la Cámara y donde se ignoró las modificaciones hechas por la Comisión séptima de la Cámara de Representantes.
• Va en contra del principio de unidad de materia al gravar con impuestos algunas pensiones.
• No es claro el rol del Banco de la República en cuanto la administración de los ahorros de los trabajadores, a su vez, expropia el ahorro de los trabajadores del régimen de capitalización individual.
• Es insostenible al generar una bomba pensional mayor a la actual a 15 años de su implementación dejando sin futuro a los jóvenes trabajadores de hoy, a su vez ignora el progresivo envejecimiento de la población que genera mayor presión financiera sobre el sistema.

Finalmente, Marco Acosta aseguró que la reforma del Gobierno, “nos retorna al pasado que es el que ha producido los problemas que hoy tiene el sistema pensional”.