En la tarde del lunes 12 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por su presunta implicación en el direccionamiento de contratos a favor de aportantes a su campaña electoral, por lo que los cargos presentados incluyen “peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos”.
Así lo dio a conocer el ente investigador a través de un comunicado en el que explicó que a lo largo de la investigación, llevada a cabo por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se recabaron pruebas que indicarían la supuesta responsabilidad de Mauricio Aguilar en este entramado.
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Tras las pesquisas, se logró establecer que la Gobernación de Santander firmó dos convenios interadministrativos con el canal público de televisión regional Canal TRO, cuyo valor total ascendió a 8.593 millones de pesos, por lo que todo indicaría que existió una supuesta responsabilidad de Mauricio Aguilar en este entramado.
“Una serie de actividades dentro de las cuales se incluyen el numeral 3: la programación y ejecución del plan de medios institucional, variando el fin de las supuestas propuestas de canal de operatividad, lo que implica que el plan de medios ya debía existir; no obstante, este documento, como ya lo hemos dicho, no fue aportado, no fue ubicado, no fue encontrado pese a los esfuerzos de la Fiscalía”, explicó el fiscal del caso en la audiencia que se celebró el 12 de agosto de 2024.
El fiscal del caso detalló que el primer convenio se suscribió el 11 de septiembre de 2020 y el segundo el 18 de mayo de 2021 y según la investigación, ambos convenios tenían como objetivo “posicionar la imagen institucional ‘Siempre Santander’”, pero se identificaron varias anomalías en el proceso contractual.
Por ejemplo, la propuesta de contrato surgió del canal de televisión “sin estudios de mercado previos” acerca de los costos de cuñas, piezas y espacios publicitarios, al respecto, el fiscal explicó que: “No hubo realización del plan de medios para ninguno de los dos compendios ni se presentó el cumplimiento de monitoreo y seguimiento de la ejecución de plan de medios; no obstante, para el segundo convenio esta actividad no se cobró, así existe apropiación por parte de terceros del erario por valor de 3.644 millones de pesos”, además, la Fiscalía explicó que tampoco se realizó un “plan de medios” ni se estableció el impacto que se pretendía alcanzar.
Otros procedimientos irregulares incluyeron la falta de publicación del trámite contractual en el “Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)” y la omisión de la verificación de la “idoneidad y experiencia” de las partes involucradas.
“Se evidencia un direccionamiento de su parte con relación a la contratación, ello con la finalidad de favorecer la contratación de las empresas cuyos propietarios son padrinos de matrimonio suyos, sabía usted que se encuentra establecido que los señores pensionados son sus padrinos de matrimonio y conforme a la evidencia documental, independientemente de este título, existe una cercanía personal de apoyo profesional y comercial entre ustedes. Empresas con las que, adicionalmente, se verifica un vínculo evidente de su parte al registrarse el informe de ingresos y gastos de su campaña para gobernador de Santander como empresas vinculadas para la propaganda electoral suya, es decir, como aportantes”, aseguró el juez.
Las irregularidades mencionadas no solo contravenían los requisitos legales, sino que también causaron un significativo “detrimento patrimonial”, dado que la fiscalía estimó que estos actos resultaron en una pérdida de “3.644 millones de pesos” para las arcas públicas.
Otro punto relevante es que la Gobernación de Santander contaba con numerosos profesionales en distintas disciplinas comunicativas y periodistas capacitados para ejecutar trabajos similares sin necesidad de recurrir a terceros, por lo que la fiscalía subrayó que estos recursos internos eran suficientes, complementados con la “página web, comunicados de prensa y redes sociales de la Gobernación”, para realizar la difusión institucional sin incurrir en gastos externos.
Durante su comparecencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, Aguilar Hurtado se declaró inocente de todos los cargos presentados en su contra, incluso, la defensa del exgobernador sostuvo que todas las acciones ejecutadas durante su administración “fueron legales y transparentes”.
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