El 1 de agosto de 2024, Ecopetrol informó que, en la sesión de la Junta Directiva del 31 de julio de 2024, luego de surtir el análisis y evaluación de los órganos de administración de la compañía, se adoptó la decisión de no adquirir la participación sobre los activos de la sociedad CrownRock de propiedad de Occidental Petroleum Corp, en Estados Unidos.
Al respecto, se conoció que si Ecopetrol, con el denominado proyecto Oslo, hubiera logrado esta adquisición, su proyección de producción para 2025 hubiera pasado de 736.000 barriles a 800.000, un aumento de 9%.
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De acuerdo con lo que dijo el exministro de Hacienda y expresidente de la compañía Juan Carlos Echeverry a Caracol Radio, las reservas de la compañía también se verían notablemente beneficiadas. Sin la participación en el proyecto, Ecopetrol estima tener 1.743 millones de barriles en reservas 1P, que son las reservas más importantes. Sin embargo, indicó que este volumen podría incrementarse en 212 millones de barriles de petróleo equivalente.
Por supuesto, la situación generó reacciones negativas frente a la decisión de la compañía que hoy preside Ricardo Roa.
Tres razones del veto de Petro
Por ejemplo, el exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), Tomás González, por medio de X dio tres razones por las que el veto del presidente Gustavo Petro a la expansión de Ecopetrol en Estados Unidos es inconveniente para el país:
- Sacrifica ingresos sin lograr ganancias ambientales. Mientras haya demanda, alguien va a producir esos recursos: al planeta le da igual quien lo haga, pero a Colombia no: mayores ingresos de Ecopetrol son mayores transferencias e impuestos para el país
- Debilita a Ecopetrol al obligarla a renunciar a aumentos de 7% en producción y 11% en reservas, que la harían más rentable para su principal accionista que es la Nación
- Debilita el gobierno corporativo de Ecopetrol al mostrar injerencia política en sus decisiones de inversión más importantes.
Destrucción de Ecopetrol y de Colombia
Por su parte, el expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Francisco José Lloreda calificó el movimiento como algo muy grave.
“Muy grave: por la decisión (que carece de toda lógica e impacta negativamente a la empresa), por vetar una decisión ya tomada por la Junta Directiva, y el detrimento patrimonial por unos recursos que claramente dejará de percibir”, escribió Lloreda.
Para él, es increíble que el presidente de la compañía y los miembros independientes de la Junta lo acepten. De paso, hizo un llamado a los colombianos: “Poco a poco destruye no solo a Colombia sino a Ecopetrol. Mientras tanto el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) presenta una tributaria”.
Caprichos presidenciales
Asimismo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo criticó que la decisión está dentro de los caprichos presidenciales que terminarán arruinando no solo al país sino a Ecopetrol.
“El presidente Petro no tiene atribuciones para vetar decisiones adoptadas previamente por la Junta Directiva de una empresa que como Ecopetrol también tiene accionistas privados. El capricho presidencial le costará a Ecopetrol una suma inmensa de utilidades y la posibilidad de revertir el declive de sus reservas”, argumentó.
Finalizó al decir que es “increíble, inaceptable, ilegal y caprichosa decisión presidencial”.
Ideologización contra pragmatismo
Entretanto, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo hizo una comparación entre la ideologización y el pragmatismo. Dijo que es triste que por privilegiar la ideología y el fundamentalismo se pierdan oportunidades de más rentabilidad, más capacidad de producción y más sostenibilidad para Ecopetrol
“Una empresa con buena gerencia y visión sensata de largo plazo, no debería terminar afectando a accionistas mayoritarios y minoritarios y, de paso, impedir que la capacidad de producción aumentase en 9%, que reservas aumentaran en 9%, que la reducción de huella de carbono mejorase en 7% y que la utilidad aumentase en 14%”, indicó,
Anotó que el resultado termina siendo: menos dividendos a los minoritarios (4,7 millones de familias colombianas) y menos inversión pública en temas sociales y productivos que se logran con utilidades de la empresa.
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