El inicio de la primera etapa del proceso judicial involucra a tres ciudadanos: Sneyder Pinilla, Olmedo López, Luis Eduardo López Rosero y un tercer implicado no especificado. Contrario a las expectativas, no habrá una aceptación de cargos en ninguna de las tres audiencias previstas para hoy.
Así lo informaron fuentes cercanas al proceso, subrayando que la situación marca apenas el comienzo de una larga investigación.
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Dentro de esta primera fase no solo se ha decidido no formalizar la aceptación de cargos, sino que se ha dejado claro que “se abre un espacio para una negociación”.
Una vez culminada esta primera etapa, cada uno de los involucrados deberá resolver sus respectivas situaciones. Tras esta etapa se procederá a “la imputación de particulares y funcionarios”, donde las declaraciones de los tres ciudadanos serán cruciales para el avance de las investigaciones.
El proceso confía en la actuación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) para manejar con precisión los daños y asegurar una reparación acorde a la gravedad de los hechos.
Los implicados aún tienen oportunidad de negociar y resolver sus asuntos antes de que las imputaciones se formalicen. Tal como se anunció: “es importante, no van a ver una aceptación de cargos hoy en ninguno de los tres eventos”, aclarando la oportunidad de abrir espacios de negociación antes de asumir responsabilidades legales.
En relación con futuras etapas del proceso judicial, se espera que la participación activa de la Ungrd sea esencial para gestionar las reparaciones, subrayando la necesidad de una intervención adecuada ante la magnitud de los hechos. La confianza puesta en este organismo será una piedra angular para asegurar que los afectados reciban una reparación justa y proporcional.
“... Lo que viene es que ya cada uno resuelve lo suyo donde confío en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hará lo que tiene que hacer para que haya una reparación acorde a la gravedad de los hechos posteriormente vendrán las imputaciones de particulares y funcionarios respecto de quiénes van a declarar estos tres ciudadanos así es que esto hasta ahora comienza”, afirmó Francisco Bernate, abogado de Luis Eduardo López en una rueda de prensa.
Fiscalía solicita detención de ‘El Pastuso’ por presunta corrupción en Ungrd
La Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez de control de garantías que ordene la detención de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, este último conocido como ‘El Pastuso’, debido a su presunta implicación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La audiencia está programada para el jueves 25 de julio a las 9:00 de la mañana y los acusados enfrentarán cargos por cinco delitos.
La petición de encarcelamiento se fundamenta en el alto riesgo que, según la Fiscalía, enfrentan los involucrados. Para salvaguardarlos, se ha decidido que no serán ingresados en cárceles convencionales como La Modelo o La Picota en Bogotá, sino que serán trasladados a instalaciones militares.
Este caso ha adquirido notoriedad debido a las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, en las que mencionó que algunos fondos destinados a la compra de carrotanques en el contrato de más de $46.000 millones, que tenía como fin suministrar agua en La Guajira, fueron desviados. López afirmó que la presión recibida lo llevó a adjudicar contratos a la guerrilla del ELN para “salvar el proceso de paz”.
La Fiscalía ha resaltado que las primeras audiencias buscarán esclarecer la participación de López, Pinilla y López Rosero en la presunta corrupción y revelarán los resultados parciales de su investigación. Este organismo indicó que las audiencias permitirán entender mejor el alcance de este entramado de corrupción que afectó, además del contrato de La Guajira, otras obras de mitigación en departamentos como Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca.
Las declaraciones de López también hicieron referencia a un plan para comprar voluntades en el Congreso a favor del Gobierno de Gustavo Petro. Según López, este presupuesto se utilizó para asegurar una mayoría legislativa que soportara la agenda del Gobierno.
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