
En la reciente auditoria realizada a la Administradora Colombiana de Pensiones, conocida como Colpensiones, la Contraloría General de la República mostró su preocupación por los pocos avances de la entidad durante el año 2023, en relación con el reconocimiento de las pensiones de vejez o de invalidez, con los fallos de tutela y con el pago de pensiones a fallecidos.
Según el ente de control, la entidad liderada por Jaime Dussán encontró que de las 69 mil peticiones para acceder al sistema pensional en Colombia, 2.985 no fueron atendidas por los funcionarios de Colpensiones. La ley dice que Colpensiones tienen un plazo de cuatro meses para dar respuesta a un ciudadano que ha solicitado su derecho a la pensión.
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Así mismo, la entidad aseguró que de estas solicitudes no atendidas, 1.488 presentan demora por falta de capacidad productiva, 854 por trámites internos sin respuesta y 579 casos se encuentran en consulta cuota parte, es decir, por tener vínculo con servidores públicos.
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Frente a ello, Colpensiones también reconoció que los casos de pensiones de vejez vencidas en el año anterior son más de ocho mil. “La vigencia 2023 culminó con 54.893 casos pendientes (una disminución del 43% frente a la proyección inicial de 96.072 solicitudes) y 8.609 solicitudes vencidas (una disminución del 79% frente a la proyección inicial de 41.268 casos vencidos al cierre de la vigencia)”, explicaron.
En cuanto a las pensiones por invalidez, el ente de control detalló que, de 4.763 solicitudes revisadas, 230 presentaron retrasos y no respondieron a la ciudadanía en los cuatro meses establecidos por la ley.
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Con relación a las pensiones de sobrevivientes, la Contraloría encontró que, de 24.785 peticiones radicadas en Colpensiones, se analizaron más de 20.000 solicitudes, de las cuales, 948 de ellas no fueron resueltas en el término de dos meses que otorga la normatividad vigente.
“De las peticiones analizadas por la Contraloría, 671 presentan dilación por falta de capacidad productiva, 20 solicitudes por trámites internos sin respuesta, 30 solicitudes no habían sido entregadas a la Dirección de Prestaciones Económicas (DPE) y 120 por investigación administrativa”, señaló el órgano de control.
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Igualmente, el órgano de control resaltó que, de 105.793 solicitudes de indemnización sustitutiva, la Contraloría tomó una muestra de 73.277 casos, encontrando que 432 peticiones “no fueron resueltas o no se les dio respuesta de fondo dentro de los términos establecidos”. Por concepto de los auxilios funerarios, la entidad también dejó vencer 176 solicitudes radicadas en el 2023.

Irregularidades con pagos a fallecidos
De otro lado, la Contraloría reveló que hay inconsistencias entre las bases de datos de Colpensiones y la Registraduría nacional, donde 152 ciudadanos que fueron reportados como fallecidos, aún reciben su pensión por la entidad pensional, de los cuales, 100 casos corresponden a pensionados por vejez, 24 por sobrevivencia y 28 por invalidez.
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“52 registros les fue suspendida la mesada pensional previo al retiro definitivo por causa de muerte, y en 2 casos, el ingreso fue con estado suspendido, por lo que, no se realizaron giro de valores, para un total de 54 registros”, aseguró Colpensiones en un comunicado.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que “esta situación puede comprometer recursos parafiscales al realizar pagos indebidos de pensiones, presentándose un riesgo para la recuperación de los mismos, debido a la falta de depuración periódica de las novedades de fallecidos y retiros de la nómina en las bases de datos en Colpensiones”.
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Adicionalmente, la Contraloría también reportó dos casos donde los pensionados no solo reciben mesadas de Colpensiones, sino que a la vez hacen parte del programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), que está contemplado para quienes cotizan menos de un salario mínimo.
Finalmente, el ente de control evidenció que Colpensiones también dejó vencer 1.334 solicitudes de correcciones de historias laborales de 652.898 solicitudes que se presentaron en 2023.
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Esta auditoría se realizó una semana después de que el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma Pensional, en la que establece que la entidad administrará los recursos pensionales de los colombianos, con un umbral de hasta 2.3 salarios mínimos, respectivamente.
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