Luego de una ardua investigación, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional lograron identificar una red delictiva presuntamente relacionada con el lavado de 24.970 millones de pesos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes.
Durante operativos adelantados en las ciudades de Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), se capturaron a 11 individuos supuestamente involucrados, incluyendo a dos retirados de la Policía Nacional, identificados como Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro, así como algunos familiares y conocidos.
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La evidencia del ente investigador logró determinar que los oficiales habrían fundado comercializadoras de productos cárnicos para legitimar el dinero ilícito. Solo una de las empresas registró transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos en dos años, además de transportar al menos 971 millones en efectivo mediante carros de valores, y realizar 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de la República.
Los otros capturados parecían estar vinculados a las empresas de los dos oficiales retirados y figuraban como propietarios de varios bienes inmuebles y vehículos, pese a no tener la capacidad económica para justificar tales adquisiciones. Entre los bienes registrados estaban 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y varios objetos lujosos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados por los ninguno de los acusados.
Entretanto, los oficiales retirados seguirán ligados a la investigación que se suma a otro trámite que se adelanta en su contra desde agosto de 2023, cuando fueron judicializados por el delito de tráfico de estupefacientes. Desde entonces, los mayores retirados permanecen bajo arresto domiciliario.
Nuevas acusaciones en caso Odebrecht: Fiscalía implicó a Natalia Isaza Velásquez por el delito de lavado de dinero
Los golpes de la Fiscalía General de la Nación contra el delito de lavado de activos no se detienen. Apenas 10 días antes del último avance por este delito que involucró a dos mayores retirados de la Policía Nacional, el ente investigador también hizo nuevas acusaciones en relación con el caso Odebrecht en Colombia y el contrato para la Ruta del Sol III. Esta vez, la acusada fue Natalia Isaza Velásquez, señalada del delito de lavado de activos, según informó el fiscal encargado del caso.
El fiscal aseguró que Isaza Velásquez habría recibido 59 millones de pesos como pago de coimas para direccionar de manera irregular la adición al contrato de concesión 007 de 2010, conocido como Ruta del Sol III.
“Se procedió desde el 7 de junio de 2016 hasta el 24 de noviembre del mismo año a realizar transacciones y entregas de dinero al núcleo familiar de este y a terceros, entre ellos a Natalia Isaza. Así las cosas, en Bogotá los días 7 y 9 de junio de 2016 Natalia Isaza Velásquez transformó y custodió bienes representados en dinero, cuyo origen inmediato fueron actividades ilícitas provenientes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares”, detalló el fiscal durante la audiencia.
El caso se remonta al 21 de julio de 2015, cuando el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) firmó el otrosí número cinco con la concesionaria Yuma S.A. para realizar estudios y diseños de un segundo puente entre los municipios de Plato, Magdalena, y Zambrano, en Bolívar.
La concesionaria subcontrató estos trabajos con la empresa Consultores Unidos S.A., que a su vez delegó tareas de topografía y geología a la compañía Megaland S.A., representada por Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, por un valor de 754 millones de pesos, según explicó el ente acusador bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.
Durante el proceso en contra de Natalia Isaza, el fiscal documentó que lo pactado en el otrosí no fue cumplido, aunque el dinero sí fue pagado. Parte de estos fondos terminaron en manos de Megaland S.A., y fueron girados a terceros por orden de Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos.
La Fiscalía sostuvo que hay pruebas que indican que 59 millones de pesos de estos recursos fueron transferidos a Natalia Isaza Velásquez en dos operaciones bancarias realizadas el 7 y 9 de junio de 2016. Según las investigaciones, esta suma provendría de delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito, y habría sido transformada y custodiada por la acusada.
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