La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en el primer semestre de 2024 se registraron 159 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), afectando principalmente a comunidades indígenas, con un 51% de los casos identificados. Cauca fue el departamento más impactado, con 125 casos reportados.
De acuerdo con la entidad, el problema del reclutamiento forzado se agrava por el subregistro elevadísimo, debido al temor de las víctimas o sus familias a denunciar, lo que podría ocasionar represalias como desplazamiento, amenazas y homicidio por parte de los grupos armados ilegales. La Defensoría aseveró que esta práctica no solo vulnera los derechos humanos de los menores, sino que también infringe el derecho internacional humanitario (DIH).
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La institución hizo un llamado urgente a todos los grupos armados ilegales para que cesen el reclutamiento de menores y no involucren a la población civil en sus actividades bélicas. Además, solicitó a las autoridades estatales fortalecer las acciones de prevención y protección para evitar estas violaciones.
“La Defensoría del Pueblo, por consiguiente, les hace un llamado a las estructuras armadas al margen de la ley: no continúen, bajo ningún pretexto, reclutando niñas, niños y adolescentes y dejen por fuera de sus prácticas de guerra a toda la población civil. Es necesario, igualmente, que las instituciones del Estado tomen medidas efectivas de protección para NNA, afectados por tan aberrante práctica, la cual no solo es violatoria de los DD. HH., también infringe el derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario”, se lee en el informe emitido por la entidad.
El impacto del reclutamiento forzado en los menores depende de factores sociodemográficos y étnicos, haciendo más vulnerable a ciertos grupos. De los casos conocidos, el 67% afecta a niños y adolescentes varones, mientras que el 33% involucra a niñas y adolescentes mujeres. Un 31% de los casos corresponde a menores sin pertenencia a grupo étnico alguno, un 5% a comunidades afrocolombianas y un 13% no cuenta con información específica.
Ante la situación, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de implementar políticas públicas de prevención robustas y equipos de acción inmediata capaces de activar rutas de protección oportunas y pertinentes, adaptándose a las dinámicas del conflicto armado y combatiendo delitos como el uso y la utilización de menores.
El llamado de la entidad resaltó la urgencia de enfrentar este problema, tanto por parte de las estructuras ilegales como de las instituciones del Estado, a fin de garantizar el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia en el país.
Reclutamiento por departamentos
La Defensoría del Pueblo reveló que el 79% de los casos de reclutamiento reportados en Colombia se concentran en el departamento del Cauca, totalizando 125 reportes. Arauca sigue con ocho casos, mientras que otros departamentos como Nariño y Putumayo registran siete casos cada uno. Por su parte, Norte de Santander informa cinco casos, Cundinamarca tres, y departamentos como Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés reportan un caso cada uno.
La entidad de defensa de los derechos humanos instó a las instituciones gubernamentales a intensificar las acciones de prevención en estas áreas. Se hace énfasis en la necesidad de mitigar el control social y territorial que ejercen diversos actores armados, especialmente en regiones donde hay presencia de múltiples grupos, ya que esto incrementa el riesgo de reclutamiento y otras violaciones graves de derechos.
Grupos que más reclutan
En cuanto a los grupos responsables del mayor número de reportes de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA), las facciones disidentes de las Farc y el EPL son los principales actores, concentrando el 78% de los reportes. Les sigue el grupo no determinado con un 16%, el ELN con un 4% y los grupos post-desmovilización de las antiguas AUC con un 2%, según los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo.
Este panorama resulta especialmente preocupante, dado que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional en Colombia. Su incorporación a actividades bélicas representa una clara violación a sus derechos fundamentales y afecta gravemente sus proyectos de vida.
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