La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado rechazando el “discurso estigmatizante” del concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, contra la entidad Rtvc. La entidad defensora de la libertad de prensa destacó que los comentarios del concejal podrían poner en riesgo la integridad de los periodistas y trabajadores de la cadena pública.
Y es que Briceño ha asegurado de manera reiterada que el medio es una “máquina de desinformación y de persecución política”. Estas afirmaciones, de acuerdo con la Flip, generan un “ambiente hostil en contra del sistema de medios públicos, desacreditando el ejercicio de la prensa y desconociendo sus deberes como Concejal en el marco de un debate democrático y plural”.
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La controversia surgió cuando, en marzo de 2024, Daniel Briceño cuestionó la llegada del activista David Rozo a Rtvc. Según la denuncia del cabildante, el actual contratista carece de estudios profesionales que lo acrediten para el cargo. “El señor David Rozo más conocido como Don Izquierdo llega oficialmente a RTVC. Sus honorarios serán de $5.925.000. En RTVC lo clasifican como ‘periodista’ aunque únicamente es bachiller. Su contrato es para hacer ‘periodismo digital’”, escribió Briceño en su cuenta de X.
A estas declaraciones respondió Rozo, pidiendo a la Flip un pronunciamiento público al respecto y señalando que el concejal, “aprovechando que ostenta un cargo de poder”, ha puesto en riesgo la vida e integridad de varias personas del medio.
Briceño le salió al paso a David Rozo y de paso al analista político Mauricio Jaramillo Jassir, que también se pronunció al respecto en una intervención en Señal Colombia; sosteniendo que estaba a la espera de un pronunciamiento por parte de la Flip, que el medio es una, “máquina de desinformación y de persecución política” y que “El señor David Rozo, más conocido como DON IZQUIERDO, NO ES UN PERIODISTA y les repito que no le tengo miedo a los ataques constantes del canal del gobierno”.
Posteriormente, en una entrevista para Caracol Radio, Briceño estableció a quién no se le puede otorgar el “rótulo” de periodista y qué tipo de contenido debe ser validado como periodismo; hecho que rechazó la Flip, señalando que ha enviado tres cartas, una directa al concejal y otras dos al Centro Democrático, explicando por qué los pronunciamientos de Briceño son problemáticos y cómo vulneran el derecho a la libertad de prensa en Colombia.
“Con sus nuevas declaraciones, el concejal no solo omite estas recomendaciones, sino que al querer establecer, desde su rol como servidor público, qué periodistas y qué tipo de periodismo es válido, mina la legitimidad constitucional que tiene la prensa en su diversidad”, explicó la Flip.
Así mismo, la fundación advirtió al concejal que no puede usar su voz para desacreditar el ejercicio periodístico que no se alinea con sus intereses políticos: “Debe ser claro para quienes asumen cargos de elección popular que también tienen el deber de mantener un discurso que sea respetuoso de la libertad de prensa y que promueva acciones de protección para todas las personas que ejercen el periodismo”.
Resaltó que si el concejal tiene conocimiento sobre irregularidades en el funcionamiento del sistema de medios públicos, debe hacer la denuncia ante los organismos correspondientes y abstenerse de “estigmatizar” a la prensa.
Finalmente, la Flip señaló que, teniendo en cuenta la reincidencia en el comportamiento del concejal Briceño, solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Distrital que se pronuncien sobre los impactos que tienen las estigmatizaciones por parte de funcionarios hacia la prensa; y pidió a la Procuraduría que inicie una investigación disciplinaria en contra de Daniel Briceño, por las “reiteradas estigmatizaciones a la prensa”.
Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha dicho que las estigmatizaciones de funcionarios públicos afectan directamente el deber de garante que les asiste y contravienen las obligaciones constitucionales y convencionales frente a sus deberes reforzados de prevención, protección y garantía del derecho a la libertad de expresión.
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