La calificadora de riesgo Fitch Ratings hizo un análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del Gobierno de Gustavo Petro, en el que destacó aspectos positivos y riesgos para la economía de Colombia. Según esta, el nuevo marco se basa en proyecciones macroeconómicas realistas y propone medidas para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) del país en 2023.
No obstante, advirtió sobre desafíos significativos. Ahora, Fitch señaló que “los déficits de ingresos y las presiones del gasto continúan presentando riesgos para la trayectoria de la deuda pública”. Además, la historia reciente de Colombia con grandes déficits fiscales, una creciente carga de deuda, y una pérdida de credibilidad en la política fiscal, influyeron en la decisión de rebajar la nota soberana a ‘BB+’ en julio de 2021.
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Según esta, el Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado el 14 de junio prevé una aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real al 1,7% en 2024 y al 3,0% en 2025, luego de un estancamiento económico en 2022 con un aumento del PIB de solo 0,6%. Sin embargo, enfatizó que “la relación deuda/PIB volverá a aumentar este año y superará el 58% en 2026″, una cifra que supera el promedio de 53,6% de la mediana ‘BB’.
Proyecciones sobre el déficit
Fitch también resaltó que el Gobierno de Gustavo Petro revisó al alza su pronóstico de déficit, al situarlo en 5,6%, el más amplio desde la pandemia del covid-19, desde un 5,3% estimado en el Plan de Financiamiento de febrero. El aumento se atribuye a una combinación de factores, incluyendo un débil crecimiento económico, bajo rendimiento de los ingresos y mayores costos de intereses. “Creemos que los objetivos de déficit primario pueden ser desafiantes incluso con estas medidas adicionales”, resaltó la calificadora.
En términos de ingresos fiscales, Fitch destacó que las caídas de ingresos provienen de varios factores, incluyendo un fallo de la Corte Constitucional de 2023 sobre la deducibilidad fiscal de las regalías de las compañías petroleras y de carbón. Además, el hecho de que no se haya establecido un nuevo proceso de arbitraje para resolver disputas fiscales de manera más rápida también afectó de manera negativa los ingresos.
“Las ganancias de ingresos anticipadas por el gobierno a partir de mejoras en la administración tributaria han sido demasiado optimistas”, agregó Fitch.
El informe también indicó que la dependencia de Colombia de las materias primas y los déficits de cuenta corriente estructuralmente grandes continúan siendo un obstáculo para mejorar su calificación soberana. Según Fitch, estos desafíos fiscales y estructurales limitan la calificación ‘BB+’/estable del país, y se espera que estos elementos sigan influyendo en la evaluación de la economía colombiana en los próximos años.
Las calificaciones de S&P Global y Moody´s
S&P Global Ratings anunció el 18 de enero de 2024 que mantiene la calificación de Colombia en BB+, pero modificó su perspectiva de estable a negativa. El cambio se produjo debido a una proyección de crecimiento económico inferior a las expectativas. En ese momento, el Gobierno colombiano proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería alrededor del 3% en el mediano plazo.
Según la agencia, la estabilidad en las instituciones y la democracia, junto con el enfoque pragmático del Gobierno en la política económica, son aspectos positivos. Entre las medidas destacadas se encuentran la reforma tributaria aprobada en 2022, el aumento de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas de peajes previsto para 2024. S&P recordó estas acciones contribuyeron a reducir el costo fiscal del subsidio a los combustibles.
A su vez, el 27 de junio Moody’s reafirmó la calificación crediticia de Colombia en Baa2, manteniendo el grado de inversión y dejó la perspectiva en negativa.
El cambio de perspectiva obedece a las condiciones macroeconómicas retadoras que enfrenta el país, asociado a un débil crecimiento económico, un incremento sostenido en el costo de endeudamiento del país que podría deteriorar el manejo fiscal y el perfil crediticio del país hacia adelante.
De otro lado, resaltó como aspecto positivo la institucionalidad del país, que se traduce en el correcto funcionamiento de pesos y contrapesos. Además, destaca que el Banco de la República continúa manejando la política monetaria de manera independiente.
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