El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, deberá comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para tratar de conciliar con la vicepresidenta Francia Márquez, luego de acusarla sin fundamentos de estar relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El congresista anunció que asistirá el 24 de junio a la citación que le hizo la Corte Suprema de Justicia para decidir qué camino deberá tomar la denuncia de Márquez en su contra, si una conciliación o si se deberá continuar con el trámite en contra de Hernández.
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“Mañana estaré muy puntual en la Corte Suprema de Justicia, he sido citado por la denuncia de Francia Márquez en mi contra. Espero ud también llegue puntual @FranciaMarquezM, por 2da vez nos veremos cara a cara, de mi parte solo espere sinceridad, como aquella vez en el Senado”, escribió el senador.
La vicepresidenta denunció a Hernández por calumnia, luego de que el senador insinuara que ella estaba implicada en el escándalo de la Ungrd. En una entrevista realizada por la revista Semana, sugirió que Márquez estaba involucrada en la administración de sobornos destinados a impulsar reformas sociales en el Congreso.
El senador afirmó sin evidencias que la figura gubernamental mencionada por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, era la vicepresidenta. Pretendiendo acotar el círculo de sospechosos, Hernández declaró: “Solamente hay dos opciones que se me vienen a la cabeza y que yo, como senador, tengo todo el derecho a preguntar: o es Verónica Alcocer, o es Francia Márquez”.
En respuesta, Márquez calificó estas afirmaciones como “informaciones calumniosas” y anunció acciones legales inmediatas. En un mensaje publicado en X, Márquez exigió una retractación por parte de Hernández y defendió su transparencia. “No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción”, enfatizó la vicepresidenta.
Según el artículo 41 de la Ley 600 de 2000, tanto el denunciante como el denunciado deben comparecer personalmente para efectos de conciliación. Dado que la calumnia es considerada un delito menor, no se permite la intervención directa de los abogados en la audiencia, aunque estos pueden asesorar a sus clientes durante el proceso para proponer fórmulas de conciliación.
La calumnia, conforme al artículo 221 del Código Penal, implica imputar falsamente a otro la comisión de un delito y puede resultar en una pena de prisión desde poco más de un año hasta seis años. También se contempla una sanción económica que oscila entre 13 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que en 2024 representará hasta 1.950 millones de pesos.
Hernández reaccionó en sus redes sociales afirmando que esperaba la denuncia por parte de Márquez y que cumpliera con su palabra. Y efectivamente, la vicepresidenta procedió legalmente contra el senador, ahora dependerá de la asistencia de ambos y de la posible negociación, el futuro de la denuncia.
Márquez, por su parte, destacó que la estrategia de calumnias tenía como propósito minar la credibilidad de su Gobierno, pero afirmó que no detendrán sus esfuerzos por “lograr un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos.” La vicepresidenta ha sido enfática en su lucha contra la corrupción y ha asegurado que no permitirá que estas acusaciones desacrediten las reformas y proyectos en curso.
El desarrollo de los hechos en la audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia determinará si ambas partes pueden llegar a un consenso o si el caso proseguirá judicialmente.
La primera dama, Verónica Alcocer, por lo pronto ha señalado un supuesto fuego amigo de funcionarios del Gobierno que estaría tratando de relacionarla con el escándalo de corrupción. Ella radicó una denuncia ante la Fiscalía en la que aseguró que se trataba de una campaña de desprestigio en su contra con información falsa y calumniosa.
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