La Universidad de Antioquia enfrenta una crisis por violencia basada en género que ha llevado a estudiantes y profesores a exigir respuestas contundentes de la institución. Desde 2019, la sede principal en Medellín ha estado en asamblea permanente debido a denuncias de acoso, abuso sexual, hostigamiento y hasta presunto proxenetismo.
De acuerdo con un informe revelado por El Espectador, la situación alcanzó su primer punto crítico en 2019, pero el problema viene de lejos. Al parecer, comunicados e informes revelan una falta de garantías internas para procesar disciplinariamente a los presuntos agresores, un cúmulo de casos sin solución rápida.
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En la universidad, tanto víctimas como figuras académicas señalan que los procedimientos seguidos por la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) son lentos y podrían demorar hasta 18 meses en abrir investigaciones. Igualmente, casos específicos como el de la profesora de astronomía Lauren Flor Torres, que denunció acoso por parte de un estudiante, ilustran la burocracia institucional. Pese a su denuncia, el agresor la seguía a eventos académicos y la intimidaba en el campus, lo que llevó a Torres a trabajar de forma virtual por su seguridad. Sin embargo, su denuncia tuvo un giro inesperado cuando el estudiante presentó una queja contra ella, culpándola de presunta calumnia y discriminación, por lo que la UAD inició un proceso disciplinario en su contra en menos de un mes.
La Corte Constitucional ha validado el escrache como un legítimo derecho de las víctimas de violencia de género. Este mecanismo ha sido utilizado en la universidad para denunciar públicamente a los presuntos agresores. Testimonios recogidos por el medio de comunicación citado inicialmente revelan que mujeres y disidencias sexuales han encontrado en este método una forma de visibilizar sus casos debido a la falta de respuestas institucionales adecuadas.
Las denuncias no se limitan a un solo departamento. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la estudiante de maestría Xiomara Quintero Gómez acusó públicamente al profesor Álvaro Herrera Carrillo de agresión sexual durante un viaje académico a Brasil donde supuestamente la retuvo una noche completa con tocamientos y besos no consensuados. Quintero afirmó que la Ruta Violeta, creada para atender casos de violencia de género, no estuvo disponible de inmediato, generando un retraso en la atención. Pues los hechos habrían ocurrido un sábado y la dependencia no trabaja fines de semana.
Por otro lado, la Facultad de Comunicaciones y Filología ha sido escenario de múltiples denuncias de estudiantes contra profesores y coordinadores por acoso, relaciones inapropiadas y retaliaciones académicas. En mayo de 2024, la Comunicación Estudiantil ampliaba las denuncias sobre este tipo de casos, incluidas figuras como Juan Camilo Cadavid y Wílfer Arias.
El rector de la universidad, John Jairo Arboleda, reconoció que la confianza en la Ruta Violeta ha aumentado, pero afirmó que los tiempos de respuesta aún deben mejorar. Las estadísticas del Proyecto PAI Equidad de Género 2021- 2024 mostraron un incremento en las denuncias y atenciones por violencias de género, sumando 205 casos atendidos en 2023.
El reciente retiro de la Colectiva Justicia Mujer (Ccjm), que prestaba servicios de asesoría en casos de violencia de género, ha generado un vacío en la atención especializada. Según el rector Arboleda, la universidad se encuentra en proceso de contratación de una nueva firma que pueda abordar estos casos, incluyendo en las regiones y a víctimas de todos los géneros.
Profesores y estudiantes han señalado repetidamente la necesidad de una voluntad política para implementar una política institucional efectiva y con recursos económicos suficientes. La docente Sara Fernández destacó la urgencia de una acción pedagógica preventiva, especialmente enfocada en los hombres, para combatir la cultura patriarcal profundamente enraizada en la institución.
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