Clan Torres enfrenta revés en la Cámara de Representantes: archivan proyecto calificado como un “mega orangután”

En la sesión plenaria celebrada el miércoles 29 de mayo, la Cámara de Representantes tomó una decisión crucial que provocó un fuerte impacto entre varios congresistas. Se trató del proyecto de ley relacionado con la seguridad vial, el cual, según varios análisis, beneficiaría de manera directa al clan Torres, una familia con una notable influencia en diversos sectores del país.

Es importante resaltar que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, reveló que el empresario Euclides Torres, que es cuñado de la exrepresentante del Partido de La U Martha Villalba (esposa del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres), contribuido financieramente al evento mediático conocido como la ‘P’, celebrado en Barranquilla en septiembre de 2021, aunque se aclara que esto habría ocurrido antes de que el padre de Nicolás, Gustavo Petro, comenzara su campaña presidencial. Además, se le atribuyen contratos millonarios con el Gobierno.

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Con un resultado de 73 votos a favor de la proposición de archivo y 47 en contra, la mayoría de los miembros de la Cámara determinó que el proyecto en cuestión debía ser archivado, poniendo fin a su avance legislativo. Este proyecto, que se encontraba en la etapa final de debate, despertó una intensa discusión entre los representantes, divididos entre quienes abogaban por su continuidad y aquellos que insistían en su archivo.

La iniciativa, identificada como el proyecto de ley 142 de 2022, tenía como objetivo garantizar los derechos fundamentales de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre, enfocándose en promover una movilidad segura y sostenible para todos los actores viales. Entre las disposiciones contempladas en el proyecto se encontraban medidas destinadas a imponer sanciones más severas para aquellos que condujeran sin licencia y promover el uso del cinturón de seguridad en vehículos particulares.

Sin embargo, el proyecto de ley no estuvo exento de controversia, principalmente debido a una disposición específica contenida en el artículo 17, que planteaba la posibilidad de que la Superintendencia de Transporte cobrara una tarifa a los usuarios para garantizar la sostenibilidad de un sistema de tecnología conocido como Sicov. Esta disposición despertó preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad, ya que implicaba que los ciudadanos debían financiar directamente a los proveedores de esta tecnología.

Una de las principales críticas al proyecto de ley se centró en el presunto beneficio económico que este representaría para el clan Torres, un grupo empresarial vinculado al negocio de los centros de reconocimiento de conductores y operador del Sicov. Según diversos personajes políticos, la disposición que permitiría el cobro de tarifas a los usuarios favorecería directamente a los intereses económicos de este grupo empresarial. Organizaciones como Transparencia por Colombia alertaron sobre el posible conflicto de intereses y la ventaja competitiva que el clan Torres obtendría de aprobarse el proyecto de ley.

Según señalamientos, Euclides Torres sería el único proveedor mencionado, y desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, habría obtenido contratos con el Estado por un valor superior a los 180.000 millones de pesos, según una investigación realizada por La Silla Vacía.

Durante el debate en la Cámara de Representantes, se evidenció el desacuerdo entre los legisladores respecto a la pertinencia y viabilidad del proyecto de ley. Catherine Juviano, del Partido Verde, hizo hincapié en la necesidad de priorizar el interés público y la seguridad vial por encima de los intereses particulares y económicos. En este sentido, cuestionó duramente la posible instrumentalización del proyecto para favorecer a determinados grupos empresariales y financiadores de campañas políticas.

“Hoy ha recogido cerca de 200.000 millones de pesos quiere no quieren casi tres millones de pesos ahora para los próximos 10 años con qué cara este Congreso le va a decir al país que se está instrumentalizando un proyecto de seguridad vial para nuestra niñez, para meterle un mega orangután, que ya tumbó la corte y que aquí insisten porque al parecer la tarea es hacerle el negocio al señor Euclides, sí o sí, le está pagando favores porque es el presunto financiador del presidente Petro”, declaró la congresista.

De igual manera, Juvinao destacó que: “Si esto es un proyecto de seguridad vial y no para crear tributos, ni pagar favores, ni hacerle negocios a financiadores de campañas presidenciales de manera, que yo les pido que en honor, a la vida de los más de 8.000 colombianos que murieron el año pasado. En las vías de manera violenta permitamos la eliminación de semejante orangután”.

Además, la representante Catherine Juvinao expresó su opinión sobre este acontecimiento a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Acabamos de HUNDIR el negocio de Euclides Torres en la plenaria de la @CamaraColombia. Aquí no estamos para crear negocios para pagarle deudas a financiadores de campaña. Gracias a los colegas que apoyaron nuestra propuesta”.