Desde el 18 de mayo de 2024, habitantes de Turbaco protestan en el peaje del municipio del departamento de Bolívar. La Secretaría de Movilidad reporta que hay un represamiento de vehículos en ambos sentidos, mientras que los manifestantes aseguran que no abandonarán el lugar hasta que las autoridades se pronuncien.
La Asociación de Transportadores intermunicipales de Bolívar (Asotrapibol) mencionó en un video el cese de sus actividades hasta que se resuelva la situación. “A partir de este momento está suspendido el transporte intermunicipal hasta nueva orden, esperamos el pronunciamiento del Gobierno nacional por el peaje de Turbaco”, explicó Jaider Castillo, uno de los líderes de la organización.
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Los manifestantes en protesta solicitan al presidente Gustavo Petro y al ministro de Transporte, William Camargo, pronunciarse ante la situación y reunir a los distintos actores para encontrar una solución ante la reactivación del cobro del peaje en los vehículos de categorías I y II.
Ante las protestas la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que tras 15 mesas de trabajo con comunidades, autoridades locales y órganos de control, no fue posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto, por lo que este no cuenta con viabilidad financiera. Igualmente, la entidad advirtió, en un comunicado, que “la falta de recaudación en el peaje de Turbaco afecta la financiación de la concesión Autopistas del Caribe, pues han tenido que suplir el recaudo del municipio a través de una subcuenta especial, por un valor de $84.903 millones”.
La implementación de esta normativa obliga a pagar a automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla $5.100. Y a los buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes se verán obligados a pagar $11.500 cada vez que pasen por el peaje.
¿Qué dicen los dirigentes del departamento?
Sobre la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), de reactivar los cobros, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, se pronunciaron por medio de un comunicado conjunto: “Respetamos el desarrollo de obras de tercera y cuarta generación que han sido contratadas. Sin embargo, entendemos que las proyecciones financieras y sus escenarios pueden ser evaluados con el tiempo y los rendimientos esperados en beneficio de la comunidad”, indicó el comunicado.
Los mandatarios locales aseguraron que, “la existencia del peaje en medio del municipio de Turbaco, está mal ubicado y carece de sentido social, divide su flujo circulatorio, su integración, su núcleo comercial y de desarrollo”. Igualmente, manifestaron que, esta decisión se tomó sin tener en consideración a las personas que se trasladan con frecuencia múltiple en la zona conurbada de este municipio.
De igual manera, las autoridades competentes anunciaron medidas para afrontar las protestas. Teniendo en cuenta las competencias otorgadas por el artículo 12 de la Ley 62 de 1993 como primera autoridad de policía en el departamento, y en la misma línea en la que el presidente de la república exige la garantía de derechos fundamentales.
Para ello, se designó al Coronel Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, que será el encargado de liderar los protocolos para garantizar la protección del derecho a la protesta pacífica.
“Se establecerá un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, que permita la movilidad utilizando vías alternas y pasos programados para el libre tránsito, sin vulnerar el ejercicio del derecho fundamental invocado por los ciudadanos”, señaló.
Los manifestantes siguen a la espera de una respuesta positiva por parte del Gobierno nacional para llegar a un acuerdo viable y beneficioso para todas las partes que permita finalizar el levantamiento en el peaje de Turbaco.
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