En una carta conocida por la Revista Semana, más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado expresaron su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro en una carta, luego de que cuestionara la decisión de ese tribunal de suspender temporalmente el decreto mediante el cual el mandatario buscaba asumir funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CREG) y reducir las tarifas eléctricas en Colombia.
En el comunicado, los exmiembros del Consejo expresaron su sorpresa ante la actitud del Presidente de la República al poner en duda públicamente las decisiones tomadas de manera legítima y jurídica por los jueces, intentando “ridiculizarlas”.
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Además, los exmagistrados argumentaron que aquellos que han ejercido la función de administrar justicia lo han hecho con total convicción, basándose en la normativa vigente.
Asimismo, insistieron en que el jefe de Estado y de Gobierno tiene la responsabilidad de respetar y hacer cumplir todo el ordenamiento jurídico. Lo exhortaron a no ignorar su deber de utilizar los medios legalmente establecidos para impugnar las decisiones judiciales, es decir, los recursos y las intervenciones dentro del proceso respectivo. Consideraron que esto garantiza el debido proceso y la legalidad, fundamentos esenciales del Estado de Derecho.
La crítica de los exmiembros del Consejo de Estado se basó en las declaraciones del presidente el pasado martes 7 de mayo, cuando mencionó que su Gobierno no había logrado reducir las tarifas de energía debido a obstáculos jurídicos, y planteó la necesidad de revisar la fórmula de la CREG para determinar el pago del servicio.
El pronunciamiento de estos exmagistrados estaría reflejando su preocupación por el respeto a la independencia judicial y al debido proceso en el país.
Gobierno deberá nombrar inmediatamente a comisionados de la Creg
El Consejo de Estado emitió una directiva al Gobierno nacional para que proceda con el nombramiento inmediato de los seis miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Esta orden se produce como una resolución al estado de provisionalidad en el que se encontraba la comisión, reafirmando la sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 25 de enero de 2024.
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En un detallado fallo, el Consejo de Estado señaló que el retardo en la asignación de los cuatro expertos en propiedad había generado una demora injustificada, subrayando la importancia crítica de la Creg en la regulación de los servicios públicos esenciales, especialmente frente a la situación hídrica y energética que enfrenta el país.
Según esta Alta corte, la intervención del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en este proceso fue calificada como una acción sin legitimación, aclarando que es una responsabilidad directa del presidente de la República, aunque justificó la participación del Dapre basada en el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).
La resolución del Consejo de Estado no solo señala el fin de la interinidad de la Creg, sino que también marca un precedente en cuanto a la responsabilidad del Gobierno nacional de asegurar que entidades regulatorias tan significativas cuenten con un liderazgo estable y reconocido.
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