Familiares de víctimas de la masacre en Alto Remanso festejaron por imputación a militares: “Estamos muy contentos”

Veinticinco militares serán imputados por la justicia ordinaria el martes 25 de junio de 2024, a las 9:00 a. m., por su presunta participación en la masacre de Alto Remanso en Putumayo, un hecho que cobró la vida de 11 personas durante un bazar campesino con indígenas originarios de Colombia, Ecuador Y Perú. Entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada, un menor de 16 años y un gobernador indígena.

Con base en lo informado por la Fiscalía General de la Nación, el grupo incluye a un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados. A los mencionados se les acusará de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida.

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El caso se remonta al 28 de marzo de 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, respaldado por el expresidente del país, Iván Duque, anunció que el Ejército Nacional, comandado en esa época por Eduardo Zapateiro, había abatido a nueve presuntos disidentes de las Farc y capturado a otros cuatro, en la vereda El Remanso, en Puerto Leguizamo, situado en el departamento de Putumayo. La controversia surgió alrededor de este operativo militar, que fue criticado por su ejecución en un área predominantemente civil.

Gladys Rojas, madre de Didier Hernández Rojas, una de las víctimas y líder de una junta de acción comunal, expresó su satisfacción por el inicio del proceso en declaraciones a Blu Radio: “Estamos muy contentos de que se inicie a hacer justicia”. La mujer aprovechó el espacio para referirse a una serie de aplazamientos por parte del juzgado del mencionado departamento: “El proceso se demoró por un juzgado en Puerto Leguizamo y al final no se hizo nada(…) en parte por lo que decía el Ejército, pero como somos mayoría de testigos que reclamamos la verdad porque es una realidad que masacraron a nuestros hijos, ellos no quieren que esto salga a la luz(...) ellos(militares) actuaron en voluntad propia porque dispararon donde había puros civiles, para hacer pasar esto por un falso positivo”.

Los cargos contra los militares también incluyen la muerte de un gobernador indígena kichwa, Pablo Panduro, y un menor de edad, dados de baja presuntamente por el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista. También se conoció que algunos familiares de las víctimas han tenido que abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. De otro lado, Gladys Rojas afirmó que pasados dos años de la masacre, no ha recibido reparación alguna: “No nos han dado siquiera para los niños que quedaron huérfanos”, mencionó en el medio citado.

Paralelamente y de acuerdo con el Ministerio Público se reportó que el día de los hechos los militares “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación” para presentarlo como un enfrentamiento armado. Esta información fue revelada por la Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos.

El contexto de este caso destaca la complejidad de las operaciones militares en regiones afectadas por el conflicto armado y su impacto en las comunidades locales. La acusación formal contra los 25 militares marca un momento crítico en la búsqueda de justicia para las familias afectadas y resalta la importancia de la rendición de cuentas dentro de las Fuerzas armadas. La discusión pública sobre la masacre y las investigaciones en curso reflejan el desafío continúo de Colombia para reconciliar la seguridad nacional con los derechos humanos.