Niños Wayú de La Guajira se estarían alimentando solo con chicha: Defensoría denunció que “han perdido talla y peso”

Siguen los problemas en el departamento de La Guajira, a pesar de los intentos del Gobierno nacional para contrarrestar las crecientes necesidades de las poblaciones indígenas y alejadas del casco urbano, que terminaron en un escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Apenas cinco días después de la polémica visita del presidente Gustavo Petro a esa zona del país, en la que entregó bicicletas con bidones para transportar agua potable, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la dura situación que atraviesa la población wayú del departamento.

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Según informó el ente de control, la situación más grave se centra en los niños entre cero y 5 años, que estarían en pésimas condiciones de salud, causadas por la falta de acción de entidades como el Icbf, a pesar de las indicaciones del primer mandatario para priorizar a la infancia vulnerable.

“En una visita que realizamos entre el 22 y 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños wayús empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, comentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El ente de control comprobó que la población infantil de la comunidad wayú no está recibiendo los servicios de atención por parte del Instituto desde finales de 2023, incluido el complemento nutricional que se les proporcionaba periódicamente, lo que ha desencadenado en que los niños solo tengan acceso a bebidas artesanales como la chicha para alimentarse.

“Niños wayús entre cero y 5 años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclamó Camargo

De hecho, el defensor del Pueblo culpó al actual Gobierno de la desatención de la comunidad wayú, asegurando que los esfuerzos de las administraciones pasadas por acabar con la desnutrición “a través de los programas implementados por Bienestar Familiar, realizado en los años anteriores, se fue al traste, ya que fueron suspendidos los servicios sin implementar nuevos programas. Se perdió la continuidad”.

De hecho, el ente de control aseguró que sigue sin cumplirse la sentencia proferida por la Corte Constitucional en 2017 para garantizar la protección especial de sus derechos a la población wayú sigue sin ser acatada por el Gobierno nacional.

Incluso, la Defensoría aseguró que estas comunidades enfrentan serias dificultades en cuanto a servicios básicos y educativos, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es insuficiente, provocando que los educadores se vean obligados a fraccionar las raciones alimenticias para alcanzar a más estudiantes.

Este problema se suma a la escasez de material educativo y a las arduas travesías que deben emprender los estudiantes para llegar a sus centros de estudio, donde aproximadamente el 80% de los egresados de básica primaria no continua su educación secundaria debido a la lejanía y dificultad de acceso a las instituciones educativos.

La situación en La Guajira es aún más compleja en lo que respecta al acceso a servicios de salud y suministro de agua potable. El ente de control aseguró que las comunidades deben trasladarse a centros urbanos para recibir atención médica, a pesar de estar afiliadas a diferentes EPS, lo cual limita su acceso a las brigadas de salud que visitan la región una vez al año.

Además, el suministro de agua es críticamente inadecuado, obligando a los residentes a recorrer grandes distancias para obtener el líquido, muchas veces de calidad cuestionable. Esta problemática fue exacerbada por la falta de respuestas de las entidades competentes, como se destaca en las declaraciones hechas por el defensor del Pueblo respecto a la falta de acciones concretas para abordar estas deficiencias.

”Implementen las medidas definitivas que permitan solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la niñez en La Guajira. Denle cumplimiento de una vez por todas a lo que dicta la Sentencia T-302 de 2017″, reclamó Carlos Camargo.