
El 19 de abril, en una zona rural llamada Dominguillo, del municipio Santander de Quilichao, dos empleados de la Fiscalía General de la Nación y una mujer que estaba con ellos, fueron tomados como rehenes por miembros del frente Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc.
De hecho, a finales del mes de abril habían dicho por medio de un comunicado que lo que le pasara a los fiscales y a la mujer que tienen secuestrados sería responsabilidad del Gobierno nacional.
En la mañana del 8 de mayo, las disidencias de las Farc afirmaron en un comunicado que la operación militar de rescate pondría en riesgo la vida de los fiscales y su acompañante; además, dijeron que el presidente de la República, Gustavo Petro sería el ´”único responsable” por su “intransigencia”.
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Y es que, por medio de dicho comunicado, el grupo guerrillero comentó de su interacción con varios organismos internacionales y entidades para facilitar un contexto apropiado para la liberación de los retenidos. Han mantenido diálogo con la misión de verificación de la ONU en Colombia, que actúa como intermediario con el Gobierno Nacional. Asimismo, han resaltado la colaboración y la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes se han mostrado dispuestos a ofrecer su ayuda.

También mencionan la buena disposición de entidades estatales como la Defensoría Regional del Pueblo y destacan la intervención de las autoridades indígenas del Resguardo de San Juan del Pueblo Yanacona, además del apoyo de familiares y amigos de los detenidos. Todos ellos, según el texto compartido por las disidencias de las Farc, han instado a las partes a reflexionar para crear las condiciones mínimas necesarias para una liberación segura.
Dentro del comunicado, de igual manera, dijeron que el Gobierno nacional rechazó las propuestas que la guerrilla le ha planteado con el objetivo, según ellos, de generar condiciones de seguridad para las personas que tienen secuestradas y de los miembros de este grupo armado que estén presentes.
A esto agregaron que: “Han intentado regatear con esto y priorizan acciones militares de rescate, mantienen operativos militares en el Cauca, también han optado por usar mercenarios para salvar su responsabilidad. En las últimas dos semanas los retenidos han sido víctimas de asaltos militares y que gracias a la maniobra y experticia de las unidades que los custodian, se han sacado con vida de los lugares de las confrontaciones, están en permanente movimiento entre los municipios del cauca bajo nuestro control”.
También se lee en el texto que “en estas acciones militares el Ejercito nacional ha obtenido como resultado dos soldados muertos y dos heridos (3 de mayo en Tacueyó), además de los dos soldados muertos en Silvia (6 de mayo), en este último asalto se puso en grave riesgo la vida seguridad e integridad de los retenidos”.
De igual manera, propusieron una medida que, de acuerdo con lo dicho por ellos, ya ha sido divulgada a la comunidad internacional desde hace más de una semana y que es crucial que tanto el pueblo colombiano como los familiares de los involucrados conozcan. La propuesta consiste en solicitar un alto al fuego y la suspensión de actividades ofensivas durante 48 horas en tres municipios del Cauca.

A esto último también añadieron lo siguiente: “Con la guerra total anunciada por el presidente Petro y la ruptura del cese al fuego con las FARC-EP es lo mínimo que podemos pedir, pasan los días y no se obtiene respuesta del gobierno nacional. La vida e integridad de los retenidos depende exclusivamente del Gobierno Nacional, con los actos humanitarios no se regatea”.
Y finalizaron su comunicado diciendo: “A los familiares amigos y cercanos de los tres retenidos por las FARC-EP queremos asegurarles que mientras esté bajo nuestro poder, seguirán siendo tratados con dignidad, generándosele las condiciones de seguridad salud, alimentación y vestuario como dispone nuestros principios, esperamos que sobre el ego de “el presidente del cambio” prime la acción humanitaria a la acción guerrista”.

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