Expropiación de tierras y legalización de invasiones en Colombia vendrían con nuevo proyecto de ley del Gobierno Petro

Un nuevo proyecto de ley del Gobierno de Gustavo Petro se asoma en el Congreso de la República. Se trata de la nueva jurisdicción agraria en el país que, por supuesto, ya empezó a levantar controversia entre los congresistas, debido a lo que se busca con la misma.

La senadora Paloma Valencia, en X (antes Twitter), advirtió que el Gobierno nacional asegura que no busca expropiar, pero lo cierto es que ha buscado normas para hacerlo desde que se posesionó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según ella, primero fue en el Plan Nacional de Desarrolloen el que introdujeron la expropiación express, sin embargo, se logró modificar. Además, que de manera muy hábil metieron otro artículo similar en una proposición que fue votada sin que siquiera fuera leída, norma que está demandada en la Corte Constitucional. Luego, salió el borrador del decreto que desarrollaba el artículo y hubo gran revuelo.

‘Monstruo pactado en La Habana’

“Nuevamente estamos enfrentados al mismo deseo expropiatorio. Ahora con la forma de jurisdicción agraria. Un monstruo que quedó pactado en el acuerdo de La Habana —aunque allá sin contenido— ahora se vuelve en una eficaz herramienta para abolir la propiedad privada”, apuntó la congresista.

La congresista aseguró que el proyecto de ley, que desarrolla una creación constitucional ya aprobada, entra a primer debate la semana del 13 al 17 de mayo en la Comisión Primera del Senado. Debido a las batallas que se tuvieron que librar frente a los proyectos de salud y pensiones, este proyecto ha pasado desapercibido, pero la congresista insistió en que “el proyecto es muy grave”.

Valencia señaló que, una vez creada constitucionalmente la jurisdicción agraria, este proyecto buscará facilitar el acceso a la propiedad de la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. De igual forma, luchará contra la concentración de la tierra y tomará funciones para superar la informalidad en la tenencia de la misma.

De acuerdo con la integrante del partido Centro Democrático, dicho proyecto de ley tiene un principio de especial protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria, y una consecuencia de absoluta desprotección total al sector productivo.

La sola lectura no deja sino preguntas

Ante esto, Paloma Valencia hizo varios cuestionamientos: “¿Es más débil el invasor que quiere la tierra o es más débil el dueño de la tierra al que quieren expropiar? Cuando se decida entregar la propiedad a otro, ¿cómo procede la indemnización si es que la hay? ¿quién paga y a qué precio?”.

Frente a este asunto, manifestó que el nuevo criterio que crea este Gobierno para la posesión de la tierra ya no son las escrituras sobre la tierra, sino quien la jurisdicción defina como “débil”.

“La jurisdicción también podrá dar garantías de acceso a la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Entonces los propietarios legales de tierra tendrán que entregar sus propiedades a quien defina la jurisdicción como un campesino sin suficiente tierra. Nueva forma de expropiación”, insistió la senadora.

Valencia enfatizó en que el proyecto establece el principio de “permanencia agraria”, con el que el Gobierno quiere blindar jurídicamente a los invasores de tierras. También alertó que esta establece que los jueces buscarán garantizar la posesión regular de la tierra ocupada para fines productivos y evitarán los actos de desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para la autosuficiencia.

“Con esto ningún propietario podrá sacar a los invasores. Es una invitación desde el Gobierno a invadir cultivos de caña, café, arroz, maíz, palma, etc. Esto disparará la violencia en el campo”, agregó.

Debido a todo lo que incumbe el proyecto de ley, Paloma Valencia radicó en el Congreso una ponencia alternativa, además de 102 proposiciones al proyecto de jurisdicción agraria, ya que la aprobación de esta ley, según explica, acabaría con la propiedad privada en Colombia, pondría en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios de tierras y terminaría con la inversión en el campo.