El 26 de abril, la compañía automotriz General Motors anunció el cierre definitivo de su fábrica en Colombia, generando incertidumbre en los más de 550 empleados que laboraban en dicha ensambladora de vehículos.
Incluso, algunos trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo que habían sido expulsados de sus puestos, exponiendo un “cierre patronal no autorizado”.
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En ese sentido, el martes 30 de abril, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, entregó detalles de los hallazgos en el proceso de despidos que efectuó la empresa a sus colaboradores. Esto, a través de seis inspectores laborales enviados por el ministerio.
De acuerdo con Palma, uno de los hallazgos fue conductas irregulares que tienen que ver con el derecho a la asociación sindical: “General Motors, la empresa evidentemente ha actuado mal. Aquí tienen garantías para estudiar sus solicitudes, pero también serán investigados por sus conductas, incluyendo presuntos actos atentatorios del derecho de asociación sindical”, según reseñó RCN Radio.
Denunció que la empresa violó derechos sindicales al no permitir el ingreso de la organización sindical durante la visita de inspección, además, se habría revelado una presunta falta constitucional y legal debido al cierre y suspensión de actividades sin cumplir la legislación:
“Producto de esta visita debemos iniciar las investigaciones por presunta violación a la Constitución y a la ley por cerrar la empresa y suspender actividades sin los requisitos señalados en la legislación, además hay una presunta violación hay actos atentatorios al derecho a la asociación por despojar a los dirigentes sindicales”, especificó.
El viceministro de Trabajo confirmó que se evidenció que la empresa realizó un cierre patronal: “En esta inspección que termina encontramos que hay un cierre unilateral por parte de la empresa más conocida en la doctrina internacional del trabajo como un cierre patronal que está prohibido por el ordenamiento jurídico colombiano”.
Añadió que es un hecho que la empresa puede pedir la terminación colectiva de contratos de trabajo, pero ajustándose a las leyes colombianas; asimismo acusó a la representante de la compañía de cuestionar la labor de los inspectores que visitaron las instalaciones:
“Pero eso no nos quita a nosotros la facultad de inspeccionar lo que ha hecho esta empresa asesorada además, porque vimos en el acta de inspección como la representante de la compañía pone en tela de juicio de los inspectores de trabajo, como cosa que no vamos a tolerar en este Gobierno y en el Ministerio de Trabajo, por lo que respaldamos la labor de los inspectores, hemos evidenciado con pruebas que hay un cierre de la compañía”, puntualizó al medio mencionado.
Por ello, Palma señaló que convocará a una mesa de diálogo social para abordar las inconformidades de los empleados y de esta forma concertar para que el cierre de la empresa se ajuste a las normas vigentes consagradas en la ley:
“El próximo 7 de mayo vamos a convocar una mesa de diálogo social, esto es un tema que no fue intempestivo tanto que la empresa diseñó todos estos planes de retiros voluntarios y se previó y en el pasado los trabajadores cedieron derechos para garantizar la sostenibilidad de la empresa en 10 años, pero el pasado 25 de abril se les despoja de sus sitios de trabajo, se sacan y cierran la empresa en una actitud abiertamente ilegal”, concluyó al medio mencionado.
Es de destacar que, según lo revelado por Santiago Chamorro, presidente de General Motors para Sudamérica, la principal razón por la que la compañía se va de Colombia y Ecuador, es la competencia ejercida por los Tratados de Libre Comercio (TLC), con potencias como Estados Unidos:
“Eso lo que significa es que, de forma gradual, pero constante, comienza a recibir una presión competitiva grandísima. Tenemos TLC con Estados Unidos, que produce millones de carros; con Europa, que produce nueve millones de carros; desde el año pasado, con Corea, que produce cuatro millones”, expuso Chamorro, en entrevista con Semana.
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