El Ministerio de Salud enfrentó recientemente una controversia tras el breve lanzamiento y posterior retiro de un borrador de decreto que buscaba actualizar el manual tarifario para procedimientos médicos.
Este documento, que pretendía sustituir al manual de tarifas vigente, fue eliminado de la plataforma oficial poco después de su divulgación por presentar errores en la indexación de las unidades de valor tributario (UVT), lo que afectaría principalmente a los procedimientos quirúrgicos e intervencionistas y a los servicios de internación.
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La situación generó inmediatas reacciones, incluida la preocupación expresada por la exministra Carolina Corcho en redes sociales, que solicitó al Ministerio de Salud explicaciones sobre la publicación de un documento con fallas notorias.
En respuesta, la cartera emitió un comunicado en el que detalló que la rápida identificación de imprecisiones en tres tablas críticas del borrador motivó su oportuno retiro, resaltando el compromiso de la entidad por garantizar la transparencia y corrección en el proceso. La repercusión del incidente llevó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a proporcionar clarificaciones adicionales.
En una entrevista en Mañanas Blu, Jaramillo explicó que el problema surgió debido a una “indexación que no fue adecuada” y reafirmó el trabajo del ministerio para corregir estos errores.
“Desafortunadamente, hubo un problema de indexación que no fue adecuado. Estamos trabajando para corregir este error, que esperamos no haya sido algo intencional”, indicó Jaramillo.
El ministro enfatizó que el propósito del tarifario no es imponer un control de precios, sino ofrecer una referencia, especialmente en casos relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y situaciones de catástrofe. “El tarifario que proponemos no es para uso obligatorio, sino como una referencia en situaciones específicas que así lo requieran”, afirmó, al destacar la necesidad de actualizar el marco tarifario para reflejar los cambios y necesidades actuales de la atención médica en el país.
También explicó que “si para que puedan funcionar las cosas se necesita tener un tarifario, este que salga es especialmente para algo que es el Soat, los accidentes de tránsito y para los temas catastróficos”.
Esta situación reavivó el debate sobre la necesidad de actualizar los criterios y referencias para la fijación de precios en el sector salud, reconociendo que aún se utilizan referencias del siglo pasado, lo que subraya la urgencia de revisar y modernizar los estándares tarifarios.
“Nosotros no podemos regular la actividad económica, pero da un tarifario en donde por lo menos tengan una base. Pero es que tenemos todavía usamos. Imagínense que todavía usamos el del Seguro Social del siglo pasado”, concluyó el ministro, y puso así de manifiesto la relevancia de adaptar las políticas de salud a las realidades económicas y sociales contemporáneas.
Reforma al Soat
En un esfuerzo sobresaliente por reformar el Soat en Colombia, el Gobierno y la industria aseguradora han unido fuerzas para hacer frente al fraude significativo que afecta al sistema, el cual está diseñado para financiar la atención médica de las víctimas de accidentes viales.
Se reveló que, durante 2023, Fasecolda logró identificar intentos y pagos fraudulentos que ascendieron a la cifra alarmante de $74.000 millones, lo que señala así la urgencia de esta reforma. “La lucha contra el fraude en el seguro es especialmente crítica”, mencionan desde la entidad que dirige Gustavo Morales, poniendo de relieve la problemática que enfrenta el país en cuanto a la sostenibilidad de este sistema de seguros.
Para contrarrestar estas adversidades, se propusieron varias iniciativas clave, dentro de las cuales destaca el ajuste a la legislación actual, con miras a requerir la intervención del Congreso de la República, acompañado de campañas enfocadas en reducir la accidentalidad vial.
Además, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) inició un riguroso plan orientado a recuperar los costos de los servicios de salud prestados a conductores que, al momento del accidente, no estaban cubiertos por el Soat. La medida ya ha contemplado cerca de 21.000 resoluciones de cobro, anticipando serias consecuencias para aquellos que incumplan con estos pagos, incluyendo posibles embargos de bienes.
El cambio más significativo propuesto es para la reforma del Soat, sin embargo, busca no solo frenar el fraude, sino garantizar la equidad en el acceso a servicios médicos de emergencia post-accidente.
“Si te paran y no tienes Soat, te multan, y si te accidentas y no tienes el seguro - aunque te van a atender -, luego te pueden llegar a embargar casa y carro”, advirtió Morales, lo que evidencia las severas implicaciones de no cumplir con esta obligación legal y la relevancia de mantenerse dentro del marco de la ley no solo por las sanciones económicas sino por el bienestar colectivo.
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