Imputan cargos a funcionarios de Davivienda por adulteración de contratos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra cuatro personas, incluyendo a dos altos funcionarios del banco Davivienda, por su presunta participación en la adulteración de un contrato de promesa de compraventa de un predio en Madrid, Cundinamarca, en agosto de 2015.

Los cargos presentados incluyen falsedad en documento privado, estafa agravada y fraude procesal. Los implicados son Tulio Alexander Zambrano Abril y Aida Vivas Aguilera, de Davivienda; junto con los contratistas externos Ismael Hernando Arévalo Guerrero y Luz Andrea Peña.

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La denuncia originada por un grupo de empresarios alega que los acusados manipularon el contrato para eliminar obligaciones previamente acordadas por el banco, siendo este un caso que ha transitado el sistema judicial por más de siete años.

La investigación reveló una serie de evidencias que incluyen correos electrónicos, órdenes emitidas para modificar el contrato después de firmado, y dictámenes grafológicos que demostrarían la falsificación de firmas.

“Los directivos del banco Davivienda y los contratistas implicados pretendiendo ocultar la adulteración del texto de la promesa, adulteraron también mi pie de firma en el folio donde sus obligaciones constaban e hicieron aparecer en la hoja de firmas a una persona, que ni siquiera había asistido al acto de la firma del documento”, explica Arturo Obregón, abogado y socio del grupo comprador del terreno de más de 17.000 Mts habilitado por ellos para la construcción de 470 unidades de vivienda en Madrid Cundinamarca

El caso que inicialmente se llevó al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá terminó en favor de Davivienda, decisión que ahora se busca revertir a través del sistema penal ordinario. Los empresarios, liderados por el abogado Arturo Obregón, presentaron más de 20 pruebas para demostrar la adulteración y exigir justicia restaurativa para compensar los perjuicios causados.

Este escándalo saca a la luz una serie de prácticas cuestionables dentro de las transacciones inmobiliarias y las responsabilidades de entidades financieras en la protección de los derechos de los consumidores. La revelación de este caso promete marcar un precedente importante en la forma en que se manejan las garantías y obligaciones en dichos contratos.

Los empresarios presentaron ante la Fiscalía un robusto material probatorio compuesto por más de 20 pruebas, dentro de las que se encuentran:

• Un correo con contrato preaprobado enviado por el abogado autorizado a la inmobiliaria y retransmitido de esta, a todos los promitentes compradores, con base en el cual se pagaron las arras.
• Orden emitida por el abogado expresamente autorizado y certificado, 8 días después de la firma, en la que se pide eliminar el parágrafo que contenía las garantías para los compradores, a la inmobiliaria .
• Secuencia de correos con los borradores de los textos considerados hasta llegar al preaprobado, sin que aparezca en ninguno el texto de renuncia a las garantías, aducido por el banco Davivienda.
• Dos pruebas grafológicas (una pedida por el propio banco) que coinciden en señalar la adulteración de pie de firmas y textos.
• Cartas remitidas al banco Davivienda y a la inmobiliaria reclamando por el cumplimiento de lo pactado, y censurando lo acontecido.
• Confesiones de todos y cada uno de los funcionarios y contratistas, y contradicciones entre ellos respecto de un protocolo que se supone uniforme.
• Propuestas de otrosí para tratar se subsanar a posteriori la comisión de los presuntos delitos.
• Aportación de pruebas efectuadas por la abogada del banco que confirma lo afirmado en la demanda arbitral.
• Firma del director de la BRP por fuera de la reducción de la hoja de firmas autorizando la adulteración, a pesar de ser ésta notoriamente burda y apreciable a simple vista, lo que señala un acto consciente de su parte.
• Montaje de la firma de Marina Vargas Rubio, persona que no asistió al acto de la firma, entre muchas otras, también apreciable a simple vista.

En respuesta a estas acusaciones, los empresarios llevaron el caso ante el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, a pesar de un amplio caudal de pruebas, incluidas declaraciones confesionales y documentación forense, el tribunal falló en contra de los empresarios. Este desenlace ha desencadenado la decisión de los afectados de escalar el caso a la justicia penal ordinaria, presentando una denuncia formal contra los responsables en Banco Davivienda y contra los árbitros del caso, alegando una omisión en la valoración del material probatorio presentado.