Contras las rejas estarían 18 comerciantes del sector de la avenida Cali con calle 13, en el occidente de Bogotá, por cuenta de las bandas de extorsionistas que han estado haciendo de las suyas, en aparente impunidad las últimas semanas.
Autoridades de Policía estuvieron haciendo rondas un par de días, luego de registrarse el primer asesinato a una de las víctimas que, como muchas otras, se negó a pagar extorsiones millonarias que estas bandas exigen.
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Sin embargo, sus trabajadores y otros comerciantes han vuelto a sentirse abandonados y cómo no hacerlo, si de un tiempo para acá matones a sueldo llegan a sus negocios y les pasan un teléfono con su jefe, alias Cebollero, al habla.
“Nos dice que a partir de la fecha debemos hacer una colaboración por nuestra seguridad y por la seguridad de nuestros locales. Y que el que no colabore va a ser su nuevo objetivo militar (de alias Cebollero)”, denunció uno de los afectados en diálogo con el Ojo de la noche.
De ahí que su llamado sea a la Alcaldía y a la Policía para que recobren el control de la zona y no tengan que seguir cerrando sus negocios o acceder a pagar extorsiones que van desde el medio millón y hasta los dos millones de pesos.
Extorsionistas generan hasta cien millones de pesos cada mes en actividades ilícitas:
En una operación conjunta entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, realizada a mediados de febrero, se logró desmantelar una estructura criminal dedicada a la extorsión de comerciantes en Bogotá. Los integrantes de la banda infundían terror utilizando nombres de reconocidos grupos ilegales mediante panfletos y grafitis y operaban principalmente en las localidades de Bosa, Kennedy y Suba. Además, se estima que en actividades delictivas generaban ingresos cercanos a los cien millones de pesos cada mes.
La investigación policial, que terminó con en el arresto de sus integrantes, necesitó del análisis de veinte mil números telefónicos, dos interceptaciones telefónicas, quince denuncias, diez búsquedas selectivas en bases de datos y cien horas de análisis de video.
Entre los detenidos se encuentra un individuo conocido como Geovanny, quien, a pesar de encontrarse en prisión, continuaba coordinando las extorsiones, utilizando a otros dos criminales identificados como alias Cartagena y Julio para ejecutar actos de violencia que garantizaran el pago de las extorsiones.
La organización no solo amenazaba a los comerciantes con quemar sus establecimientos o atentar contra sus vidas y las de sus empleados de no pagar el dinero, sino también, realizaba seguimientos detallados de los negocios en la mira, como llegó a comprobarse tras la captura de alias César, encargado de fotografiar los establecimientos para intimidar a las víctimas.
Otros miembros del grupo, identificados como Ingrid, Brayan y Jhonatan, se ocupaban del cobro de las extorsiones y de las finanzas del engranaje delictivo. Sin embargo, al igual que otras 43 personas, fueron capturados el último año en operaciones contra la extorsión en la capital colombiana.
Dichas acciones incluyeron allanamientos en centros penitenciarios, en los que llegó a realizarse la incautación de 59 celulares, 42 tarjetas SIM y 38 cargadores usados para coordinar las extorsiones; lo que representa un avance notable en las localidades más afectadas por este delito: Kennedy, Puente Aranda, Suba y Barrios Unidos, donde el accionar conjunto de las autoridades ha resultado en 33 capturas y la recuperación de vehículos y celulares, además de la incautación de armas de fuego y varios kilos de estupefacientes.
Para lograr estos y otros avances, la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, insisten que los ciudadanos víctimas de extorsión deben comunicarse a la línea 165, para llevar un control de la situación y evitar que las amenazas en su contra lleguen a mayores.
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