Por lujoso proyecto inmobiliario cerca a Medellín en el que hay involucrados mafiosos y paramilitares, estado colombiano tendría que pagar 300 millones de dólares

Se dio a conocer que Colombia enfrentará el resultado adverso de un tribunal de arbitramento internacional. Esta decisión obligará a los contribuyentes colombianos a indemnizar con trescientos millones de dólares, equivalentes a más de un billón de pesos, al ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda y a sus socios involucrados en el proyecto inmobiliario Meritage.

Dicho proyecto, que comenzó a edificarse en áreas con un historial complejo en las afueras de Medellín, terminó en una disputa legal de gran impacto financiero para el país.

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La información la dio a conocer el periodista Daniel Coronell, quien además explicó que Ángel Samuel Seda, implicado en el litigio contra el Estado colombiano, ha argumentado que la aplicación de medidas cautelares y la extinción de dominio sobre el proyecto Meritage constituyen una forma de expropiación indirecta realizada a través del sistema judicial, así como una táctica de presión extorsiva. Seda sostiene que tales acciones judiciales contravienen lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

En cuanto a la historia de este caso, en noviembre de 2012, Ángel Samuel Seda, ciudadano de los Estados Unidos, adquirió mediante Royal Realty S.A.S., un amplio terreno situado en la vía Las Palmas, justo antes del peaje hacia el sur de Medellín. El objetivo de esta compra era el desarrollo de un proyecto inmobiliario de alto standing, denominado “Meritage”.

Sin embargo, el desarrollo de “Meritage” enfrentó un obstáculo significativo el 22 de julio de 2016, cuando la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de embargo y secuestro del predio, iniciando así un proceso de extinción de dominio sobre la propiedad. Esta medida fue el resultado de una acción de tutela presentada en julio de 2014 por Iván López Vanegas, quien alegó ser el legítimo propietario del terreno.

López, extraditado a Estados Unidos en 2003 por cargos de narcotráfico y posteriormente absuelto, regresó a Colombia en 2007. En 2014, se aproximó a la Fiscalía alegando que, durante su ausencia en Estados Unidos, su hijo Sebastián López había sido secuestrado y forzado a transferir la propiedad a una organización criminal, presuntamente por la oficina de Envigado.

Antes de que el terreno fuese adquirido por Seda, los títulos de propiedad registraban a varias personas cuya capacidad económica para ser propietarias de un terreno de tal magnitud era cuestionable. Entre los nombres que figuraban en los documentos de propiedad, destacaba uno conocido tanto por las autoridades colombianas como las de Estados Unidos: Héctor Restrepo Santamaría, conocido en el mundo del crimen con el alias de ‘Perra Loca’. Restrepo Santamaría fue notorio en el pasado por sus actividades como narcotraficante y paramilitar.

Seda, por su parte defendió su posición argumentando que había adquirido la propiedad de buena fe, sin conocimiento previo de su historial. Sostuvo además, que las medidas cautelares impuestas y el proceso de extinción de dominio representaban, en la práctica, una forma de expropiación indirecta a través del sistema judicial, además de catalogarlo como una maniobra de extorsión.

En cuanto al proceso en contra de Colombia y la defensa que el Estado hará, Según informó el periodista Daniel Coronell, existen evidencias que apuntan a Javier García Rojas, conocido en el ámbito criminal con el alias ‘Maracuyá’, como uno de los financiadores del costoso proceso arbitral que se lleva a cabo contra Colombia. Una estrategia que podría inclinar la balanza a favor del Estado en este litigio es la demostración de que la financiación del pleito proviene de, o está vinculada a, una operación de lavado de activos. Sin embargo, García Rojas aún no ha sido imputado por la Fiscalía.

Entre las evidencias se encuentra una interceptación telefónica en la que se identifica a alias ‘Maracuyá’ discutiendo sobre el financiamiento del proceso. En la grabación se destaca la participación de Ruth García, hermana de ‘Maracuyá’, quien instruye a un interlocutor para que hable más alto, permitiendo así que una tercera persona, referida como “el familiar” y señalada por las autoridades como alias ‘Maracuyá’, escuche la conversación. Dentro de este diálogo, García Rojas menciona específicamente unos préstamos que habría realizado, lo que sugiere su implicación directa en la financiación del pleito arbitral.