Son más las dudas que las certezas con lo respecto a la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes y sellos de visas en Colombia, después de que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo reafirmara que el Gobierno no firmará un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons, bajo las circunstancias actuales que consideran “irregulares”.
La polémica se da después de que el entonces secretario general de la cancillería, José Antonio Salazar, decidiera reactivar la primera licitación en la que la compañía era la única oferente, despejándole el camino para quedarse con el contrato avaluado en seiscientos mil millones de pesos.
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Pero con las recientes decisiones del Gobierno nacional de paralizar una vez más la contratación y no firmar la adjudicación, vuelve al ruedo la incógnita sobre cuál será el futuro de la licitación, además de las consecuencias que implicaría desacatar la decisión que tomó Salazar y que dejó a Thomas Greg & Sons como el gran ganador del jugoso contrato.
Carlos Alberto Zambrano, exmagistrado del Consejo de Estado, mencionó al diario El Tiempo que “la Cancillería se metería en un problema mayúsculo” si decide no seguir adelante con la adjudicación realizada a Thomas Greg & Sons, citando el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que establece el carácter irrevocable del acto de adjudicación. Según Zambrano, el Estado podría enfrentarse a responsabilidades legales si no cumple con lo estipulado en la ley.
“De lo contrario, el Estado asume toda la responsabilidad que le pueda caber por el incumplimiento de la disposición que está en la Ley 80 que obliga a la entidad que hizo la licitación. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario”, comentó.
Además, fuentes gubernamentales señalaron al medio nacional que se están estudiando las acciones a tomar para evitar un litigio, procurando un acercamiento entre las partes implicadas para minimizar las posibles consecuencias derivadas de la decisión de Murillo. “La idea es acercar a las partes, preservando derechos y competencia de la autoridad,” indicaron, dejando entrever la complejidad del asunto y la búsqueda por una solución equilibrada y legalmente sostenible.
Thomas Greg & Sons ya anunció preparativos para una nueva demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, derivada de la no firma del contrato adjudicado para la elaboración de pasaportes, cuyo valor asciende a 599.000 millones de pesos.
A pesar de que el pliego de condiciones establecía un plazo de tres días desde la adjudicación del contrato para su firma, este periodo ya ha expirado, lo que ha llevado a la empresa a considerar medidas legales necesarias. Esta situación se suma a un derecho de petición previamente enviado por la Unión Temporal, grupo al cual pertenece Thomas Greg & Sons, solicitando la implementación de acciones urgentes para la formalización del acuerdo.
“Efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normativa vigente y de los recursos disponibles, y proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder a la suscripción del contrato en la plataforma SECOP”, señala el documento de Thomas Greg & Sons revelado por La W.
Sin embargo, la posición del Ministerio, reflejada en las declaraciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sugiere que las resoluciones adolecen de vicios y no son obligatorias. Esta contradicción está en el corazón del conflicto, ya que Thomas Greg & Sons sostiene la total legalidad y procedimiento adecuado de las resoluciones que fundamentan la adjudicación del contrato.
“Lo que sí hemos dicho es que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares,” subrayó Murillo, destacando la necesidad de adoptar una posición de gobierno consolidada y justificable.
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