La congresista opositora María Fernanda Cabal le sacó las cuentas a los contratos que ha firmado el Gobierno nacional con las organizaciones indígenas, cuestionó el objetivo de algunos de los contratos y señaló que presuntamente se trataría de un caso de pago de favores.
La senadora del Centro Democrático afirmó que a través de derechos de petición conoció que el Gobierno firmó más de 50 convenios interadministrativos con autoridades indígenas, los cuales terminaron en diciembre de 2023. En total, sumaron $198.237.808.986, “es decir, se giraron cerca de $13.215.853.000 mensuales a cerca de 20 organizaciones indígenas”, sostuvo Cabal.
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Las dos organizaciones que más tuvieron contratos fueron el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) que, según la publicación de la senadora, sumó $73.431.629.694; seguido de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que firmó convenios por $38.385.375.180.
El Cric, en el 2022 había obtenido alrededor de 44 mil millones en contratos y más de 162 mil millones en todo el 2021, de acuerdo con El Tiempo y registros del portal Paco de la Secretaría de Transparencia. En el caso de la Onic, la organización obtuvo 48 mil millones en 2022 y 25 mil millones en el 2020.
“Revisando los contratos, se evidencia que más de $74.000.000.000, fueron entregados al CRIC, los organizadores de marchas en favor de Petro. ¿Pagando favores con el erario? Con contratos así marcharían toda la vida si les toca”, señaló la senadora Cabal.
“Todos estos convenios fueron contratados de forma directa (Ley 2160/21) si preocupa la capacidad técnica de los contratistas. ¿Bajo qué criterio se entregaron esos recursos, quién decidió los montos? ¿Contratos para la armonía y equilibrio?”, cuestionó la congresista.
En los contratos aparecen varios firmados con el Ministerio de Energía que tienen el objetivo de fomentar en algunos cabildos actividades económicas con asistencia técnica, transferencia tecnológica para la reconversión y sustitución de la minería ilegal o en zonas de afectación medioambiental.
Uno de los contratos que resaltó la senadora Cabal tiene por objeto “aunar esfuerzos entre el Ministerio del Deporte y la organización nacional de Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama para el cumplimiento del Plan de Acción de los Lineamientos de Política Pública de las Prácticas Ancestrales para la Armonía y el Equilibrio 2022- 2026 de la Resolución 1602 de 2018″.
Sin embargo, este es un lineamiento que se definió en el 2018 entre el Gobierno nacional y la Mesa Permanente de Concertación Indígena que busca reconocer, promover y preservar las prácticas corporales autóctonas, propias y ancestrales y típicas en materia de juego, deporte, lúdica y recreación.
Los contratos que tendrían los valores más altos serían del Ministerio del Interior, con el objetivo de brindar formación política para fortalecer las prácticas de Gobierno propio, tanto del CRIC, la ONIC, la Mesa Permanente de Concertación como otras organizaciones de base.
Otro de los dineros entregados por el Gobierno a las autoridades indígenas revelado por Cabal corresponde al Ministerio de Vivienda. Esta entidad le habría entregado $39.625.600.000 como rubro específico para subsidios de vivienda a la población que pertenece a estas comunidades.
Desde el Ministerio le indicaron a la senadora que la entidad firma convenios interadministrativos para respetar la autonomía de las autoridades indígenas y que sean estas identifiquen a los potenciales beneficiarios y luego, en un acto administrativo se iniciar el proceso de postulación de hogares.
“Con un presupuesto de $198,237,808,986 y considerando un costo máximo de $156,600,000 por vivienda de interés social (VIS) en Colombia, se podrían construir aproximadamente 1,266 casas de interés social”, señaló Cabal al cuestionar el monto total que han recibido las organizaciones indígenas.
La Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación sobre varios de estos contratos. Entre ellos el de 25 mil millones que firmó el Ministerio del Interior con la Onic para fortalecer sus saberes políticos. El ente disciplinario señala que podrían haberse seleccionado personal que no cumplía los requisitos para las funciones objeto del contrato.
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