Víctimas de la Unión Patriótica denunciaron incumplimiento del Gobierno tras un año del fallo de la Cidh

A finales de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio un cierre a un litigio de más de 30 años entre el Estado y los representantes del antiguo partido Unión Patriótica.

Su decisión: condenar al Estado por violaciones a los derechos humanos y por haber permitido el exterminio en masa de cientos de militantes del partido político.

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Entre los crímenes que el Estado desconoció, según el informe entregado por la Cidh, se registran desapariciones forzadas, intentos de homicidio, desplazamientos forzados, amenazas, hostigamientos y asesinatos en masa.

Sin embargo, a un año de la histórica sentencia, las más de 6.000 víctimas siguen esperando que el Gobierno cumpla la orden impuesta por la Cidh.

La directora de la Corporación Reiniciar, Stella Aponte, denunció que no ha habido reparación real por parte del Gobierno nacional, el cual el martes 30 de enero de 2024, hizo público el fallo del organismo internacional:

“A un año, pues prácticamente la única medida que se ha cumplido se cumplió ayer, que es la publicación de la sentencia en algunas de las páginas oficiales de algunos ministerios y de la Fiscalía, que la publicó al final de la tarde de ayer, luego de una presión porque no quería publicarla”, afirmó Aponte en entrevista con W Radio.

De acuerdo con la representante de las víctimas, no ha sido posible llevar a cabo reuniones con el Gobierno para avanzar en el proceso de reparación de familiares de integrantes, funcionarios y militantes del partido, quienes fueron asesinadas entre 1984 y los primeros años de la década de los 2000:

“Uno no se explica cómo no se ha podido avanzar con mayor celeridad (...). Desde nuestro punto de vista hay una comisión que está atrasada, es muy lenta, digamos que tiene por la propia dinámica del Gobierno, hay dificultades para su funcionamiento”, añadió al medio citado.

Cabe recordar que en octubre de 2023, el presidente Gustavo Petro instaló la Comisión para la Constatación de Identidad y Parentesco de Víctimas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano por el exterminio de la Unión Patriótica.

Sin embargo, Aponte aseguró que en encuentros organizados por la comisión se han visto excluidos: “De reunión en reunión se asignan las instancias a cargo sin la participación de las víctimas y sus representantes. Esto hace que toda la puesta en marcha del proceso se torne lenta”.

Varias de las víctimas del exterminio a la Unión Patriótica murieron a manos de agentes del Estado y grupos al margen de la ley, en lo que han llamado “uno de los casos más representativos de genocidio político”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”, leyó el juez Ricardo C. Pérez en la audiencia de condena contra el Estado colombiano.

Además de establecer una comisión especial para la identificación de las víctimas y familiares; y la publicación de la sentencia del caso; la Cidh también ordenó la construcción de un monumento en memoria de las víctimas, la colocación de placas conmemorativas, la elaboración y difusión de un documental sobre la violencia y estigmatización contra la UP, y la realización de actividades de sensibilización en escuelas y universidades.

“La Comisión consideró que se debe indemnizar, tanto por el daño material como por el daño inmaterial, a los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas, así como a las víctimas ‘desplazadas internamente y exiliadas’, ‘criminalizadas de manera infundada’ y ‘de amenazas contra su vida e integridad personal, incluyendo [aquellas] sobrevivientes de tentativa de homicidio’. Sostuvo que para una ‘indemnización adecuada’ debe ser tomado en cuenta si se trata de ‘personas y/o núcleos familiares que fueron víctimas de varias violaciones’, así como tener en cuenta para la totalidad de las indemnizaciones ‘las violaciones derivadas de la denegación de justicia’”, se lee en el fallo.