
En el ambiente político y social de Colombia, un tema que ha capturado la atención pública es el papel de la primera dama, Verónica Alcocer, especialmente en lo que respecta a los gastos incurridos por sus viajes oficiales.
Este asunto cobró relevancia luego de que Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general de Colombia, solicitara al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) un informe detallado sobre los gastos en viajes y misiones especiales de las últimas tres primeras damas del país, incluyendo a Alcocer. Según Zuluaga, el objetivo es “tener una trazabilidad completa de cuál ha sido el comportamiento de los recursos públicos que hayan sido utilizados” en estas misiones.
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Ante la controversia, Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y figura prominente durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, defendió a Alcocer comparándola con las esposas de los anteriores mandatarios, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
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“Las anteriores primeras damas cumplieron más misiones especiales que Verónica Alcocer: Tutina Rodríguez: 10 misiones. María Juliana Ruiz: 12 misiones”, aseveró Benedetti.

Además, destacó la importancia de la representación internacional a cargo de la primera dama, argumentando, “¿Quién mejor que la primera dama para representar al presidente? Centremos la discusión en la figura y sus funciones, no en un nombre”, concluyó.
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Sin embargo, aunque las cifras reveladas por el político colombiano están siendo objeto de investigación por parte de la Contraloría, la comparación hecha por Benedetti no tendría en cuenta el tiempo que estuvieron María Juliana Ruiz y Tutina Rodríguez como primeras damas de Colombia.
En el caso de la esposa de Santos, los diez viajes que realizó como embajadora en misión especial fueron distribuidos en ocho años de Gobierno, mientras que la cónyuge de Duque los hizo en cuatro. En el caso de Alcocer, la compañera permanente de Gustavo ya ha adelantado cinco viajes internacionales en calidad de embajadora del Gobierno en tan solo 17 meses desde que el presidente tomó posesión del cargo.
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Los viajes no serían la única razón para que Verónica esté en el ojo de la crítica. De hecho, el nombre de la primera dama se convirtió en protagonista después de que se revelara el costo del equipo que acompaña a Alcocer en sus viajes, estimado en más de mil millones al año, por concepto de maquillador y estilista, fotógrafo personal y asesora privada, que sería una de sus mejores amigas.
Procuraduría pidió que paren los viajes de la primera dama

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección primera está evaluando un proceso judicial que busca anular el decreto 035, emitido en enero de 2023, el cual designa a la primera dama Verónica Alcocer, como “embajadora en misión especial” y autoriza sus viajes representando al Gobierno.
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Este caso ha suscitado controversias, especialmente debido a los costos que dichas misiones implican para los fondos públicos y a las asignaciones para asistir a eventos que se considera debían ser cubiertos por el presidente Gustavo Petro o el canciller.
Por su parte, la Procuraduría ha intervenido en el proceso presentando un concepto de 18 páginas donde se argumentan detalladamente las razones para solicitar la nulidad del decreto. “Para esta Agencia del Ministerio Público, el señor Presidente de la República infringió dicha disposición”, señalaron desde el ente de control, haciendo énfasis en el vínculo matrimonial entre el presidente y Alcocer como factor crítico para la solicitud.
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Desde el punto de vista de la Procuraduría, el decreto que confirió a Alcocer la calidad de embajadora en misión especial y le permitió recibir viáticos viola las normativas vigentes que regulan la asignación de dichos beneficios y comisiones solo a empleados oficiales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe ahora resolver si accede a las pretensiones de nulidad planteadas, lo cual podría significar un giro en la manera como se percibe el rol de la primera dama dentro del marco de la administración pública y su participación en actividades gubernamentales.
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