Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, nuevamente sacudió las redes por un comentario que lanzó en contra de la población indígena que está asentada en el Parque Nacional de Bogotá y que fue noticia porque tres de sus miembros intentaron quitarse la vida. En su cuenta de X (antes Twitter), Lafaurie pidió al nuevo alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, que visite el parque y haga algo para solucionar la problemática.
“Alcalde @CarlosFGalan, dese una pasadita por el Parque Nacional. Esa invasión y recocha de los indígenas debe acabar YA”, escribió el hijo de la congresista en la red social.
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Las críticas en contra de Juan José Lafaurie no se hicieron esperar: lo tildaron de “xenófobo” y de querer sacar a toda costa a los indígenas que han tenido que refugiarse en el parque debido a que no encuentran condiciones óptimas de vida en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida. Allí estuvieron residiendo hasta octubre de 2023, cuando decidieron salir con sus pertenencias, exigiendo al Gobierno nacional una reubicación digna.
“Asimismo, está sufriendo allá el pueblo también y aquí mismo, sufriendo y ya. Entonces, toda hora allá (UPI La Florida) también hacen falta los baños, no hay cómo orinar en el baño, no hay cómo lavar la ropa, no hay nada para estar”, explicó Narciso Vitucay, un integrante de la población indígena, al medio Arriba Bogotá.
Desde que regresaron al Parque Nacional, han tenido que sobrevivir en cambuches sostenidos con troncos de madera y dormir sobre cartones y bolsas de plástico que los aíslan de la humedad. A esta grave situación se suman los intentos de suicidio que se registraron finalizando 2023 e iniciando 2024.
Los tres intentos de suicidio
De acuerdo con información que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente entregó a la Secretaría de Salud, los casos de intento de suicidio involucraron a tres integrantes de la comunidad indígena emberá, de 23, 24 y 41 años. Inmediatamente, tuvieron que ser trasladados al Hospital San Ignacio para su valoración.
Según el último reporte de la entidad, con corte del 3 de enero, uno de ellos ya fue dado de alta, mientras que los otros dos permanecen hospitalizados, quienes están “estables emocional y físicamente y reciben las atenciones necesarias para su recuperación”. Estos hechos se registraron entre el 31 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024 y, al parecer, responden a la “falta de garantías” por parte del Gobierno nacional en cuanto a las condiciones indignas en las que están viviendo.
La entidad hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que sea instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) que aborde la emergencia humanitaria. Espera que se tomen decisiones orientadas a la protección de los derechos de niños, niñas y mujeres que ahora mismo residen en el Parque Nacional. Asimismo, solicitó que se priorice el retorno a sus territorios de origen.
Hasta el momento, 160 familias del grupo étnico, conformadas por 382 indígenas, han podido regresar a sus tierras en Risaralda. Ahora, permanecen en la Institución Educativa Intercultural Dokabú, ubicada en la vereda Ágüita, jurisdicción de Pueblo Rico. La Unidad para las Víctimas lideró el retorno de la población, que tuvo un costo de 2.000 millones de pesos.
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