La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó, el 21 de diciembre de 2023, a ocho antiguos integrantes del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental de las extintas Farc por crímenes de guerra cometidos entre 1992 y 2006.

En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a quienes comandaron la estructura que operó en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el sur del Chocó.

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Entre los casos imputados están el secuestro de los doce diputados del Valle del Cauca y la masacre de once de ellos.

La JEP imputó a tres exguerrilleros por el secuestro, señalando a Gustavo Arbeláez, o alias Santiago Naya, y a Héctor Julio Villarraga, alias El Grillo, como máximos responsables regionales.

Además, se identificó a Santiago Naya como el segundo comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, el cual planificó y participó en la ejecución del secuestro; mientras que a El Grillo, comandante del Frente 60, se le determinó como responsable de custodiar y masacrar a los 11 diputados.

La imputación también incluyó a Édgar López Gómez, conocido como Pacho Quinto, como el máximo responsable regional en el desplazamiento de los doce diputados hacia la zona de influencia del Frente 60, desplazamiento conocido por los diputados como la Marcha de la muerte.

Esta es la tercera imputación, y la segunda regional, que se hace en el Caso 01, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc.

Pero, a pesar de la importante decisión en materia de reparación de víctimas que tomó el tribunal de paz, Juan Camilo Sanclemente, del colectivo Defensa de Inocentes y apoderado de los familiares de las víctimas, expresó su descontento con la medida adoptada por la JEP:

“Han pasado siete años donde el umbral y estándar de verdad establecido en esta jurisdicción es mínimo, pues muchas de las cosas conocidas en dichas versiones ya eran conocidas por las víctimas en sede de la justicia ordinaria, tanto así que las víctimas siguen reclamando la verdad plena detallada y exhaustiva, pues frente a las demandas de verdad algunos puntos han sido resueltos, pero siguen persistiendo en punto de esclarecer la muerte de los diputados y los terceros involucrados en el secuestro, que incluso no han sido llamados ante dicha jurisdicción, a pesar de los requerimientos de las víctimas”, dijo la defensa de las víctimas mediante una carta.

Reclaman por el delito de perfidia

De acuerdo con Juan Camilo Sanclemente, la JEP excluyó la imputación del delito de perfidia, que es una infracción al derecho internacional humanitario y es calificado como un crimen de guerra. “Con la imputación al último secretario de las Farc, repusimos dicha providencia, manifestando la necesidad de atribuir a las Farc el delito de perfidia”, dijo.

Sanclemente argumentó que la información revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz es insuficiente y no contribuye a esclarecer la verdad: “Las víctimas echan de menos la importación de los demás guerrilleros que participaron en el secuestro y muerte de los diputados (...) es increíble observar solo tres sujetos con responsabilidad de mando, control de sus subordinados y no, los segundos comandantes de dichas estructuras armadas dentro de este aparato armado organizado al margen de la ley”.

Además, señaló que hay carencia en el contraste de la verdad, pues dijo que la JEP no tuvo en cuenta el material científico, periodístico y de orden legal que han aportado las víctimas. “De ser estudiado, generaría una imputación más sólida y ajustada a la realidad vivida por quienes hoy con los directamente afectados”, puntualizó.