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Licitación de la Cancillería para la expedición de los pasaportes era ilegal, aseguró nuevo abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores

Según el representante legal de la Cancillería de Colombia, la entidad decidió no conciliar y afrontar la millonaria demanda interpuesta por la multinacional Thomas Greg & Sons

La controversia por los contratos de los pasaportes llevó a un abogado de la Cancillería a renunciar - crédito Colprensa y Cancillería /Montaje de Infobae
Los problemas del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia continúa. La audiencia de conciliación entre la Cancillería y la firma Thomas Greg & Sons no logró acuerdo - crédito Colprensa y Cancillería / Montaje de Infobae
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Continúa el sin sabor en Colombia por la licitación para fabricar pasaportes. Este proceso ha estado envuelto en todo tipo de líos y el último de estos está relacionado con una jugosa demanda contra el Gobierno nacional por más de $117 mil millones, interpuesta por la compañía Thomas Greg & Sons, empresa que no alcanzó un acuerdo en audiencia con la Cancillería.

Por todo este escándalo, Ernesto Matallana, el nuevo abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue entrevistado por Blu Radio y mencionó algunas de las fallas que se evidenciaron durante la licitación de expedición de pasaportes. Según el funcionario, la entidad procedió ilegalmente en el proceso de licitación de pasaportes, favoreciendo a la empresa Thomas Greg & Sons.

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Esta irregularidad podría conducir a que la firma gane un juicio contra el Estado y obtenga una compensación millonaria. Matallana destacó que se corrigieron errores en los pliegos durante el proceso, ajustándose a la normativa que permite enmendar infracciones legales tanto en fases previas a la contratación como durante la ejecución de un contrato.

No hubo acuerdo de conciliación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería
Foto de referencia del abogado Ernesto Matallana. No hubo acuerdo de conciliación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería - crédito Procuraduría

Además, destacó la posibilidad de que se declare la “ineficacia de pleno derecho” en la ejecución del contrato si se violan los términos legales. Aunque el abogado mencionó desconocer si este procedimiento acarreará consecuencias penales, dado que debería comprobarse la intención de perjudicar o el dolo.

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Matallana, como representante legal de la Cancillería, debe defender la legalidad del procedimiento de licitación, incluso tras haber sido declarado desierto. Este hecho será evaluado por el juez del contrato, quien tendrá la última palabra sobre la validez del argumento presentado por el abogado.

Es importante recordar que el abogado inicialmente manifestó apoyo en redes sociales a Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, aparentemente contradiciéndose luego en el proceso de defensa del Ministerio. Sin embargo, ha aclarado que su actuación actual se basa en un análisis detallado del caso y que la declaración de desierto del contrato respondía a un estudio de las reglas de participación, estudio que le era ajeno en el momento de los trinos de en los que apoyó a Zamora.

¿Cómo avanza la demanda contra el Estado por parte de Thomas Greg & Sons?

Según el abogado Ernesto Matallana por tercera vez, la Cancillería decidió no conciliar y afrontar la millonaria demanda interpuesta por la multinacional colombiana relacionada con la licitación de pasaportes.

No hubo acuerdo de conciliación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería
No hubo acuerdo de conciliación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería - crédito Procuraduría

“La posición del Comité era básicamente, ellos conciliaron sobre la pretensión de la revocatoria de la declaratoria desierta, pero que ellos no eran competentes para revocar ese acto administrativo propio de las competencias del canciller (...) el convocante decidió no conciliar porque no se resolvió a fondo lo que él pretendía que era revocar y adjudicar”, explicó Matallana ante los micrófonos de W radio.

Según Matallana existen incongruencias entre la ley de conciliaciones, que busca resolver disputas de carácter general, y ley 80 -que otorga esta responsabilidad directamente al representante legal de la entidad-. Asimismo, se han presentado preocupaciones por el riesgo de pérdida económica para el Estado en este proceso. Sin embargo, el canciller Álvaro Leyva respalda la decisión de evitar la conciliación gracias a factores relacionados con la licitación, que para Cancillería, limitaban la competencia justa entre posibles proveedores.

Además, mencionó que entre los argumentos para impugnar la primera licitación, se encontraban condiciones que excluían a potenciales oferentes idóneos. Una de las reglas cuestionadas exigía que la muestra presentada debía ser un pasaporte colombiano con chip, limitando la participación de empresas calificadas que no pudieron cumplir con este requisito.

Dando preferencia a aquellas empresas con sedes de fabricación en Norteamérica, lo que significó un privilegio en la asignación de puntos en comparación con otras regiones, lo que finalmente derivó en que solo dos ofertas fueran presentadas, y de estas, una obtuvo la totalidad de los puntos al no tener competencia.

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