Contraloría señaló irregularidades en la adjudicación de contrato de pasaportes: “Cancillería no cumplió requisito al declarar urgencia manifiesta”

El proceso de licitación y provisión del servicio de pasaportes en Colombia ha estado marcado por controversias y decisiones críticas en las últimas semanas, por lo que todo el proceso está en vista de diferentes entidades de control.

El actual panorama se inició el 13 de septiembre de 2023, cuando el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró desierta la licitación para la elaboración de pasaportes debido a la falta de competidores viables, exceptuando a la firma Thomas Greg & Sons.

Esta declaración dejó entrever la posibilidad de una interrupción en la emisión de pasaportes, concerniendo tanto a ciudadanos colombianos como a los servicios en el extranjero, lo que llevó al canciller Álvaro Leyva a declarar una urgencia manifiesta el 14 de septiembre, tan solo 20 días antes de que finalizara el contrato anterior con la misma empresa, Thomas Greg & Sons.

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Esta resolución, bajo el número 7541, le otorgó facultad para contratar directamente y de esta manera asignar un nuevo contrato a la empresa, en un esfuerzo por asegurar la continuidad del servicio de expedición.

No obstante, esta rápida solución, reflejada en la firma de un contrato con Thomas Greg & Sons el 2 de octubre para extender la impresión de pasaportes por un año más, provocó la atención de la Contraloría General de la Nación, cuya función es supervisar la gestión fiscal del Estado.

A través de una resolución emitida el 13 de diciembre, revelada por Blu Radio, la Contraloría planteó serias advertencias sobre la gestión de la Cancillería, señalando que no se habían cumplido las normativas legales en el proceso de la declaratoria de urgencia manifiesta, específicamente en lo que respecta al envío inmediato del expediente al organismo correspondiente para el control automático de legalidad.

La Contraloría, además de examinar la situación, procedió a trasladar la información a las autoridades pertinentes como la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que se investigue y se aborden posibles irregularidades. Ante estos hechos, también se ha informado sobre los recursos legalmente disponibles para impugnar la decisión tomada por el Ministerio.

La secuencia de estos eventos ha generado inquietudes sobre la transparencia y legalidad de las acciones de la Cancillería alrededor de la licitación de pasaportes y la validez de la adjudicación del contrato a la empresa Thomas Greg & Sons, situación que la entidad intenta solventar asegurando que la entrega de pasaportes continuará de manera normal hasta el 2 de octubre de 2024.

La millonaria licitación en cuestión, estimada en aproximadamente 600.000 millones de pesos, refleja la importancia y sensibilidad del servicio de expedición de pasaportes en el país.

A pesar de las tensiones y dificultades adicionales que representa para la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que la decisión tomada fue necesaria para prevenir una crisis en el servicio, una posición que ahora se ve cuestionada por el organismo de control fiscal.